Redacción: María Emilia Vaca / @MaraEmiliaVaca1
Con 121 votos a favor y 4 abstenciones, en la sesión 692 del Pleno, la Asamblea Nacional resolvió exigir al presidente de la República, Lenín Moreno, la destitución del Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, por cuestionamientos en el manejo del plan de vacunación contra el Covid-19.
Al respecto Lourdes Cuesta, asambleísta del Azuay por el partido Social Cristiano, anunció este miércoles 27 de enero mediante una rueda de prensa que, el manejo del plan de vacunación en la ciudad de Cuenca, no ha recibido la administración que se esperaba.
Por lo que, junto a diferentes representantes médicos y pos gradistas de medicina del Azuay, anunció públicamente el inicio del enjuiciamiento político en contra de Juan Carlos Zevallos. «La Asamblea debe cumplir sus funciones siempre, sin temor ni favor, recuperar su institucionalidad y dignidad haciendo un trabajo transparente y honesto, para el que nos eligen», señaló la Legisladora.
Cuesta se pronunció en compañía de el Dr. Luis Mario Tamayo, directo médico del Hospital «Santa Inés», la Dra. Karla Calle, vicepresidenta de la Asociación de Médicos Pos gradistas, y el Dr. Marcos Aguirre, médico del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), «José Carrasco Artega».
El ministro de Salud ha recibido fuertes críticas luego de acudir a un Centro Gerontológico privado, donde radica su madre, para vacunar a personas de la tercera edad.
Durante su intervención el doctor Tamayo mencionó su solicitud hacia el Ministerio de Salud Pública del permiso para la compra del sistema de vacunas contra el coronavirus por parte de la empresa privada, con el fin de agilizar el proceso de inmunización en el Ecuador.
«En un caso hipotético, la institución a la que pertenezco, compra las vacunas, las personas que tienen posibilidades compran, y las que no las tienen acuden al seguro social y el ministerio, y consiguen su dosis, por lo que la inmunización avanzaría de la forma más equitativa posible, sin corrupción», señaló Tamayo.
Así mismo, la mañana de este 27 de enero, el Dr. Freddy Carrión, Defensor del Pueblo declaró mediante una entrevista que, ha presentado una denuncia como institución de los derechos humanos, sobre un posible delito de peculado por parte del Ministro, y concluye en que el proceso queda en manos de la Fiscalía General del Estado, para iniciar con la indagación previa y así sustentar su acusación.
De acuerdo con Carrión, el servicio público exige transparencia y prioridad en cuanto los intereses que, no pueden ser particulares, ante los derechos del pueblo ecuatoriano.
