Wilfredo, un niño venezolano de 10 años, tuvo que presentarse solo ante una corte de inmigración en Houston, Texas, mientras su madre permanece detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos. El menor enfrenta actualmente un proceso migratorio independiente luego de que Nexoli Gómez fuera arrestada hace varios meses durante una parada de tráfico realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. El caso fue dado a conocer por N+ Univisión y ha generado preocupación por la situación de menores migrantes que enfrentan procesos judiciales sin representación legal.
Según la información difundida por Univisión, Wilfredo recibió una notificación en la que se planteaba enviarlo a Ecuador, pese a que el niño no tiene familiares ni personas que puedan recibirlo en ese país. Desde la detención de su madre, el menor quedó bajo el cuidado de Marifé Mosquera, exjefa de Nexoli Gómez y actual tutora legal del niño. Mosquera explicó que uno de sus mayores temores es que ICE pueda detener también al menor o deportarlo mientras el caso sigue abierto.
Durante la audiencia realizada el pasado 11 de mayo, el juez rechazó la solicitud de deportar a Wilfredo a un tercer país y permitió que permanezca en Estados Unidos mientras continúa el proceso migratorio. Según el abogado del menor, la decisión respondió al sentido común, debido a que se trata de un niño que no puede enfrentar solo un procedimiento de expulsión hacia un país que ni siquiera conoce. Mientras tanto, Wilfredo asegura que extraña profundamente a su madre y que desde su detención ha bajado de peso y su rendimiento escolar ya no es el mismo.
El caso también volvió a poner sobre la mesa la situación de miles de menores migrantes en Estados Unidos. Human Rights Watch denunció que desde febrero de 2025, tras una orden de la administración Trump que suspendió servicios legales financiados para organizaciones sin fines de lucro, más de 26 mil niños quedaron sin apoyo jurídico en procesos migratorios. La organización advirtió que muchos menores están enfrentando solos procedimientos complejos y de alto riesgo, aumentando la posibilidad de deportaciones sin comprender completamente el proceso ni contar con asistencia legal adecuada.