El proceso judicial del caso Sobornos 2012-2016 llegó a su fin. Los conjueces del Tribunal de Casación negaron, por ser «no pertinentes», los recursos de ampliación y aclaración interpuestos por 13 de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado.
El Tribunal notificó a las partes que «los pedidos de ampliación y aclaración solicitados por los procesados recurrentes…devienen en no pertinentes y por tanto se los niega; debiendo estar los sujetos procesales a lo dispuesto en la sentencia de mayoría».
Toda vez que se han agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios los conjueces indican en su decisión que el proceso «ha cobrado ejecutoría» y se dispone que se remita el proceso de manera inmediata al tribunal de origen para que proceda con la ejecución».
De esta manera queda en firme la sentencia de ocho años de prisión para los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, en calidad de autores mediato por instigación, así como también los ocho años para los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; el exsecretario Jurídico, Alexis Mera y para la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri a quienes se les sentenció como coautores.
Para los empresarios: William Phillips, Mateo Choi, Édgar Salas, Pedro Verduga, Ramiro Galarza, José Hidalgo, Teodoro Calle y Bolívar Sánchez, quienes fueron hallados culpables como autores directos de cohecho agravado, la sentencia también queda en firme. En el caso de Pamela Martínez, exasesora de Presidencia, y Laura Terán, exasistente al ser cooperadores eficaces se definió una reducción en la pena. Martínez recibió una pena final de nueve meses de cárcel como coautora, mientras que Terán deberá cumplir una sentencia de tres meses de cárcel como cómplice.
Indemnización
- Los procesados deben pagar al Estado ecuatoriano USD 14’745.297.19. Correa, Glas y 18 procesados, declarados autores y coautores deben cancelar, cada uno, el valor de USD 778 000.
- Laura Terán, exasistente, declarada como cómplice deberá pagar USD 368 000.
En los casos en que los sentenciados no cumplan con la indemnización, entonces deberán entregar sus propiedades. La Procuraduría General es la encargada de recuperar los recursos que el Estado.
- La sentencia también incluye la pérdida de derechos de ciudadanía por el tiempo de la pena.
- Realizar un curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia
- Ofrecer disculpas públicas en al Plaza de la Independencia
- Colocar una placa en el Palacio de Carondelet que diga: «Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética».
El Tribunal de primer nivel que emitió la sentencia original estuvo conformado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, ellos eran los encargados de emitir las boletas de encarcelamiento.
Al momento la mayor parte de los condenados ya no están en el país. Para ellos deben seguirse los procesos de extradición.
