Este viernes 11 de febrero, la Comisión de Justicia de la Asamblea intentará aprobar el texto final del proyecto de Ley para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió la sesión del pasado jueves 3 de febrero, después de que la legisladora Johanna Moreira solicitara un plazo de ocho días para recoger las observaciones del Pleno desarrolladas en el debate. En base a esto se elabora el texto final que será sometido a votación.
El proyecto presentado anteriormente tiene dos informes, uno de mayoría y otro de minoría. El de mayoría establece que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta la semana 22 de gestación; para mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante el procedimiento podrá hacerse hasta las 20 semanas.
Mientras, para las personas con discapacidad mental víctimas de violación se observará lo dispuesto en la Guía Práctica Clínica denominada “Atención del Aborto Terapéutico” expedido por el Ministerio de Salud.
En cambio, el informe de minoría plantea que los plazos para practicar este procedimiento sean de 6 semanas para las mujeres mayores de 18 años; y 12 semanas para las menores de 18 años y mujeres con discapacidad. Además, se requerirá que antes del procedimiento se realice una denuncia en contra del agresor.
Texto final del proyecto de Ley de Aborto por Violación
La Asambleísta Johanna Moreira explica que se ha trabajado arduamente en un texto que permita garantizar el derecho a las víctimas. Espera que se logré aprobar y presentar un proyecto que tenga un plazo no menor a 16 o 18 semanas de temporalidad y que pueda ser votado la próxima semana cuando se reinstale la sesión. Asegura también que, al ser la ponente, sino cuenta con el apoyo, tiene la posibilidad de remitir un texto a la presidenta de la Asamblea para que sea llevado directamente a votación.
Moreira adelantó que se han realizado algunas modificaciones al texto. En cuanto a la notificación de la violación en la Fiscalía, ya no sería de 48 horas sino de 24 horas, también se modificó la forma en que se redactó el consentimiento informado por parte de las víctimas de violencia sexual. Se incluirá la posibilidad de que en los lugares en donde exista Defensoría del Pueblo, la mujer, adolescente o menor que no tenga un acompañante, pueda tener la compañía de esta entidad.
La ID, partido político de Moreira, planteó segmentar en tres grupos el plazo máximo para la interrupción voluntaria del embarazo. Para niñas de hasta 14 años de edad pueda darse hasta las 20 semanas de gestación (5 meses); en cambio, para adolescentes de entre 14 y 18 años de edad, la interrupción puede ser hasta las 18 semanas (4 meses y medio); y para las mujeres mayores de 18 años, que sea hasta las 16 semanas de gestación (4 meses).
La legisladora informa que la Comisión no ha analizado a profundidad las observaciones de la ID. Sin embargo, considera que no se puede diferenciar ni segmentar el plazo; este debe ser el mismo para todas las niñas y mujeres sin distinción alguna.
Moreira no se siente identificada con lo que propone su partido, y cuestiona los plazos que la ID propuso; ya que no se estaría considerando que muchas de las víctimas de violencia sexual son aquellas que viven en pobreza, en la ruralidad y que son violentadas por miembros de su propia familia. Señala que muchos de sus compañeros han incurrido incluso en faltas de respeto por no tener el mismo criterio que ellos. No obstante, continuará acercándose a los miembros de otras bancadas para realizar consensos.
Finalmente, la Asambleísta asegura que se ha logrado mucho en el tema de procedimientos y requisitos. Por lo que espera que el informe pueda probarse con plazos no muy cortos y pueda contar con el respaldo del pueblo ecuatoriano para que las niñas y mujeres tengan la oportunidad de decidir.
