Tras las masivas movilizaciones registradas la tarde del pasado 10 de agosto en la capital, tanto el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como la Corte Constitucional (CC) emitieron dos pronunciamientos. Estos podrían solucionar la pugna que se mantiene entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda por la alcaldía de la capital. Además, en el Consejo de la Judicatura recae una tercera posible solución.
Por un lado, Arturo Cabrera, presidente del TCE, emitió un mandato judicial en el que se señala que ese órgano electoral verificó la notificación y ejecutoría de la ratificación de la remoción de Jorge Yunda. Asimismo, aclaró que ya no quedan más recursos pendientes sobre lo actuado por el Concejo Metropolitano el pasado 3 de junio. Hecho que queda evidenciado con la posesión de Santiago Guarderas como alcalde de Quito, según señala el documento.
Para el abogado constitucionalista, Salim Zaidán, el documento es ambiguo pues solamente confirma que ya se cumplió la resolución al posesionarse Santiago Guarderas. “El Tribunal Contencioso Electoral se desentiende del problema en lugar de hacer cumplir de manera firme la resolución” aseguró Zaidán.
Este 12 de agosto el TCE admitió a trámite las denuncias de Santiago Guarderas y Jéssica Jaramillo en contra de Jorge Yunda por una infracción electoral muy grave. Lo que podría ser una primera solución, pues de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, Yunda puede ser sancionado con multas, destitución o la suspensión de sus derechos políticos y de participación.
Tanto Yunda como los jueces involucrados tendrán cinco días para enviar sus pruebas de descargo. Ambas denuncias ya tienen fecha de audiencias y están programadas para el 26 y 27 de agosto de 2021 respectivamente.
Corte Constitucional, segunda vía de solución
Una segunda solución ante la crisis del municipio es la Corte Constitucional la cual, a decir de Zaidán, tiene dos vías para hacerlo. La primera es que seleccione y revise la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha y la revoque por cometer incorrecciones.
La segunda, es que emita un pronunciamiento favorable sobre la acción extraordinaria de protección presentada por Guarderas. La cual, ya se encuentra en manos del Tercer Tribunal de Admisiones de la Corte Constitucional cuya juez ponente es Karla Andrade.
Una vez que el tribunal reciba toda la documentación tendrá un plazo de diez días para definir si la causa es o no admitida. Además, decidirá si se la considera como una excepción para ser atendida de forma prioritaria o si será atendida de forma cronológica.
Según Zaidán, en caso de que la CC atienda de forma prioritaria la causa, esta demorará de 3 a 5 meses en ser resuelta. Caso contrario, esta vía quedaría descartada pues los casos toman entre 2 a 6 años en ser resueltos.
Consejo de la Judicatura como una tercera solución
Finalmente, la tercera solución y la más rápida según Zaidán, es que el comité disciplinario del Consejo de la Judicatura determine si se cometieron irregularidades en el sorteo de jueces para las acciones constitucionales de Jorge Yunda.
Esto debido a que en un primer momento la acción de protección ingresó como violencia contra la mujer, reduciendo el universo de jueces de 280 a 5. Para finalmente ser atendido por la jueza, hoy suspendida, María Belén Domínguez.
De igual manera, las medidas cautelares ingresaron como cobro de honorario de abogado y no como una acción constitucional. Además, se presume que la causa se le designó directamente al juez Carlos Soto sin sorteo.
Es por ello que Zaidán asegura que, en caso de confirmarse estas irregularidades, los jueces serían declarados incompetentes; y, por lo tanto, todo lo actuado por ellos sería declarado nulo.
