La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, anunció este 8 de julio que encontró irregularidades en los sorteos para designar a los dos jueces que fallaron a favor de las medidas adoptadas por Jorge Yunda.
Por un lado, la acción de protección presentada en la Unidad Judicial de Quitumbe y que fue acogida parcialmente por la jueza María Belén Domínguez, habría sido ingresada como un caso de violencia, en lugar de garantías jurisdiccionales. De esta manera se redujo la posibilidad de la asignación de 215 jueces a 4 o 5 jueces.
Mientras que en el caso de las medidas cautelares otorgadas por el juez Carlos Soto, presentadas en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito no se registra un sorteo en el sistema de la CJ, lo que significaría que se designó a Soto directamente como el juez de la causa.
El vocal del CJ, Juan José Morillo, explicó que en el primer caso, el encargado de ventanilla al receptar el documento, debía identificar al agresor. Acto que no se realizó porque lo que realmente se ingresó fue una acción de protección constitucional. Asimismo, en el segundo caso la causa se ingresa como una causa civil y no como una constitucional.
Debido a estas posibles irregularidades la Presidenta del Consejo de la Judicatura emitió una suspensión de 90 días sin sueldo para los dos jueces y otras cuatro personas que estarían involucradas. Además, anunció que presentará ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue una supuesta interceptación ilegal de datos y otros delitos.
Las autoridades también dieron a conocer que en poder de la Fiscalía se encuentra un registro de llamadas entre el vocal de la CJ, Juan José Morillo y el alcalde removido Jorge Yunda. Morillo indicó que conoce desde hace 20 años al Burgomaestre y que este lo llamó insistentemente, pero que le explicó que es un vocal de la CJ y no tiene nada que ver con temas jurisdiccionales.
