El pasado 1 de julio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) absolvió el pedido de consulta presentado por el todavía alcalde de Quito, Jorge Yunda. Esto respecto al proceso de remoción aprobado por el Concejo Metropolitano, el pasado 3 de junio.
A partir de ello, Yunda tiene plazo hasta este martes 6 de julio para presentar un recurso de aclaración y ampliación de la sentencia. Una vez presentado este recurso el TCE tendrá 72 horas para responderlo, pero esto no cambiará en nada el fallo ya emitido. Una vez cumplidos estos plazos Santiago Guarderas pasará al mando del cabildo.
Sin embargo, el acalde aseguró que seguirá en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie sobre su acción de protección, la cual fue acogida parcialmente el pasado 22 de junio por la jueza María Belén Domínguez.
Al respecto, el abogado constitucionalista Salim Zaidán, afirma que esta acción de protección no afectaría a su remoción ya que el informe no es vinculante al proceso.
En una entrevista en A Primera Hora, transmitida por Radio Majestad, Zaidán expresó: “Es un acto de simple administración, porque es un acto preparatorio de la voluntad del concejo. En este caso la comisión de mesa le entregó insumos al concejo para que decida si remueve o no al alcalde de Quito”.
El abogado constitucionalista acotó que, lo que sí le preocupa es el cumplimiento de la sentencia emitida por la Jueza Domínguez, que era de inmediato cumplimiento. Por lo que se debía conformar una nueva comisión de mesa y emitir un nuevo informe, lo cual no se ha cumplido.
En ese caso, Yunda tendría la posibilidad de acudir nuevamente ante la Corte Constitucional (CC) para presentar una acción de incumplimiento de sentencia de primera instancia. Pero su remoción seguiría en firme.
Para la concejala Luz Elena Coloma, la estrategia que usa Jorge Yunda le hace daño a Quito “se ha ingresado esa acción de protección como un caso de violencia intrafamiliar, que no es procedente, a una jueza que aparentemente habría llegado a ese cargo de manera presuntamente irregular”. Añade que el proceso de remoción es de control político y no administrativo por lo que no se puede ser neutral.
Durante una entrevista en el mismo espacio de noticias, Coloma afirmó que la remoción de Yunda no solo se da por no presentar la planificación presupuestaria a la Asamblea de Quito, sino por los procesos penales en su contra y por su falta de estabilidad y credibilidad.
Así, la última vía jurídica que le queda a Yunda en el país es presentar una demanda de acción extraordinaria de protección con respecto a la resolución del TCE. Sin embargo, lo tendría que hacer como un ciudadano más ya que la sentencia no se puede suspender. “Le quedaría esperar que la Corte Constitucional le dé la razón y de algún modo deje sin efectos la resolución del TCE”,afirma Zaidán.
Para el abogado, si Yunda insiste en mantenerse en el cargo podría caer en el delito penal de usurpación de funciones, el cual está penado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Para este martes, Jorge Yunda convocó a su última sesión del Concejo como alcalde de la ciudad. Allí tratarán temas como: presentación del informe de la Secretaría de Salud, presentación de informe de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo respecto a la situación actual con el Consorcio RECOBAQ; y presentación de informe de Secretaría de Movilidad respecto al Concurso de Rutas y Frecuencias.
