La Fiscalía General del Estado realizó 18 allanamientos en diferentes instituciones públicas y privadas en marco a la investigación de presunta delincuencia organizada por los chats encontrados en el celular del hijo del alcalde, Jorge Yunda, Sebastián Yunda. Los mismos que dejaron un saldo de 6 detenidos.

Varios concejales y colectivos sociales se han mostrado indignados en redes sociales ante la situación. Por ejemplo, el concejal Fernando Morales indicó que estos allanamientos debían haberse realizado «hace rato». Asimismo, el colectivo Todos por Quito mencionó que la situación de la ciudad es «insostenible», por lo que piden «se haga respetar la dignidad de la ciudad».

Mientras que desde el municipio se emitió un comunicado solicitando que no se politicen estas acciones «para evitar crear un clima de urgencia ante la opinión pública». Sin embargo, hasta el momento Yunda no emitido un pronunciamiento.

Todo esto, mientras el municipio capitalino enfrenta una latente crisis de gobernabilidad, ante la disputa entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas por la alcaldía. Actualmente, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como la Corte Constitucional tienen en sus manos el poder de solucionar el enredo jurídico en el que está sumida la ciudad. No obstante, esto no será inmediato.

¿Cuánto tiempo tardará el TCE en resolverlo?

En el caso del TCE, el todavía alcalde deberá enfrentar este próximo 9 de septiembre de 2021, la audiencia de la denuncia impuesta por Jéssica Jaramillo, una de las abogadas que impulsó su proceso de remoción por el cometimiento de una supuesta infracción electoral muy grave. Esto al no acatar la sentencia emitida el pasado 1 de julio por este órgano electoral en la que se ratificó su remoción.

De acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, Yunda puede ser sancionado con una multa de hasta 70 salarios básicos unificados, destitución o la suspensión de sus derechos políticos y de participación.

En un principio se tenía previsto que dicha audiencia se lleve a cabo el pasado 27 de agosto. Sin embargo, Yunda presentó una recusación en contra del juez de la causa, Arturo Cabrera, la cual fue negada el pasado 25 de agosto por ser “improcedente”.

Jaramillo aclara que el fallo que emita Cabrera es de primera instancia. Por lo que, si este no es favorable para alguna de las dos partes, cualquiera podría apelar la decisión y tendría que pasar a competencia del pleno del TCE. El cual, según Jaramillo, tardaría de 2 a 3 semanas en emitir una resolución.

Esto mientras la denuncia de Santiago Guarderas por esta misma infracción se encuentra suspendida debido a la apelación de Jorge Yunda y su defensa a la negación de la recusación presentada en contra del juez de la causa, Ángel Torres. La fecha de esta audiencia estaba prevista para este 26 de agosto. Sin embargo, ahora no se tiene una fecha definida.

¿Cuánto tiempo tardará la Corte Constitucional?

Por otro lado, este 2 de septiembre la Corte Constitucional decidió admitir a trámite de manera urgente la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en contra de la decisión de la Corte provincial que le restituyó el cargo a Yunda el pasado 10 de agosto.

La diligencia se realizará vía telemática el próximo 13 de septiembre a las 10:00. Además de Guarderas y Sandoval, también deberán comparecer la jueza que aceptó parcialmente la acción de protección de Yunda, María Belén Domínguez; y los jueces de la Corte Provincial de Pichincha que le devolvieron el cargo.

El pasado 26 de agosto el Tercer Tribunal de la Sala de Admisión decidió admitirla a trámite con 2 votos a favor y debido a la “relevancia y transcendencia nacional” solicitó al pleno de la CC que se la tratara fuera del orden cronológico. Por lo que mediante un comunicado emitido por la jueza ponente, Karla Andrade, se conoció que el pasado miércoles 1 de septiembre el pleno “resolvió aprobar la solicitud” por unanimidad.

Jaramillo mencionó que espera que la Corte emita un fallo dentro de los próximos 30 a 40 días. Mientras que el abogado constitucionalista Salim Zaidán asegura que podrían emitir un pronunciamiento entre 3 a 5 meses.