La jueza penal, Ana Lucía Cevallos Ballesteros, vinculó a Jacobo B. P. a la investigación por delincuencia organizada que se realiza en la capital. En este caso están involucrados el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz y tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. La Fiscalía investiga su relación con Oren Sheinman y Shy Dahan, este último asesinado en el interior de la Penitenciaría del Litoral.
La funcionaría judicial ordenó la prisión preventiva en contra de Jacobo B. P., la retención de fondos por 40 salarios básicos unificados, es decir, $16 000 y además extendió la instrucción fiscal por 30 días adicionales a los 90 antes fijados. Ahora durará 120 días la instrucción liderada por la fiscal, Lidia Sarabia.
La audiencia se llevó a cabo la tarde de este sábado 26 de septiembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Los procesados en este caso habrían conformado un grupo delictivo para ejercer actividades ilícitas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil), entre ellas, la obtención de beneficios económicos, en el contexto de la comercialización de insumos médicos, en medio de la emergencia sanitaria.
Esta investigación inició en mayo de 2020, por la posible relación de los cinco procesados con los dos extranjeros detenidos en Santa Elena, quienes presentaron documentos falsos de la DEA y portaban más de $200.000 en efectivo.
Jacobo también es investigado por otros dos presuntos delitos: tráfico de bienes patrimoniales (junto a su padre, Abdalá) y asociación ilícita (junto a sus hermanos Abdalá B. P. y Michele B. P.).
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