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domingo, abril 28, 2024
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Consulta Popular: Gobierno envía nueve preguntas más a la Corte Constitucional

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El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional el segundo paquete de preguntas que se suman a las 11 ya enviadas para la Consulta Popular, esto con el fin de que la entidad pueda revisarlas. La documentación será analizada para verificar que no existan inconsistencias y posteriormente ser aprobadas. 

Las nuevas propuestas fueron ingresadas este 9 de enero, de forma digital, como lo informó el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. En primera instancia se conoció que el segundo bloque de preguntas se entregó el 8 de enero. Sin embargo, en un comunicado, la Corte informó que no recibió ningún documento adicional. 

Estas son las nuevas preguntas 

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1? 

2. ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el Anexo 5? 

3. ¿Está usted de acuerdo que, para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 6, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado? 

4. ¿Está usted de acuerdo con permitir que el Presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 7? 

5. ¿Está usted de acuerdo en que el Presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos, de acuerdo con el Anexo 8? 

6. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 9? 

7. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización, de acuerdo con el Anexo 10? 

8. ¿Está usted de acuerdo con que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional, en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial a través de legislación específica, de acuerdo con el Anexo 11? 

9. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el Anexo 12? 

Recordemos que anteriormente el presidente Daniel Noboa ya envió 11 preguntas a la Corte Constitucional, estas preguntas se enfocan en temas de seguridad. Una de ellas propone cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, incrementar las penas en delitos como el terrorismo y la delincuencia organizada. También busca una evaluación a los funcionarios de la Función Judicial y una auditoría a sus declaraciones patrimoniales. 

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