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sábado, diciembre 7, 2024
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Caso Spayk: sentencia histórica a favor de los derechos de los animales

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El pasado 29 de agosto, la jueza Yolanda Portilla Ruiz, sentenció a Blanca C., a tres años de prisión tras ser declarada culpable del asesinato de Spayk, el perrito de raza husky siberiano que fue estrangulado de un árbol hasta su muerte, el pasado mes de noviembre de 2022 en el sector La Argelia, al sur de Quito.

La Coordinadora Nacional de la ONG Animal Libre Ecuador, y abogada especialista en derecho ambiental, Marianella Irigoyen dijo a Tu Voz TV que esta es una sentencia histórica y marca un precedente, pues es la primera vez que una jueza dicta esta sentencia por la muerte de un animal que pertenece a la fauna urbana.

La abogada destacó los puntos importantes de esta sentencia histórica. Uno, la culpable deberá pagar una multa equivalente a cuatro salarios básicos unificados, también deberá pedir disculpas públicas a la familia a la que pertenecía Spayk, y la jueza dispuso  tratamiento psicológico para la sentenciada.

Por otra parte, felicitó a la jueza por solicitar que a través del Municipio de Quito se genere un protocolo estableciendo los parámetros para realizar el levantamiento del cadáver de un animal de compañía, pues esto permitiría tener una prueba contundente dentro de futuros casos de maltrato animal.

Señaló que una vez que las partes han recibido la sentencia por escrito por parte de la función judicial, la parte demandada tiene la posibilidad de presentar una apelación, y en caso de no presentarla quedaría en firme la sentencia.

Marianella indicó que La sentencia del caso Spayk es un ejemplo de justicia a favor de los animales y en contra de las personas que ejercen este tipo de violencia hacia ellos, pues el artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala: La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

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