Semana decisiva para Jorge Yunda. Se tiene previsto que este miércoles 29 de septiembre a las 09h00 inicie la audiencia de juzgamiento en su contra y 13 personas más por el supuesto delito de peculado en la compra de 100 000 pruebas rápidas para la detección de Covid-19.
El tribunal del caso estará conformado por los jueces: Wilson Lema, como ponente, Fabián Fabara y María Guerra. El pasado 30 de abril, Vladimir Jhaya, presidente de la Corte Provincial, llamó a juicio a los implicados. Sin embargo, la fecha de la audiencia se fijó el pasado 13 de agosto, es decir casi 3 meses después.
De acuerdo a los argumentos de Fiscalía, el Municipio de Quito no habría adquirido pruebas PCR, sino pruebas RT-LAMP, las cuales tienen menor capacidad de detección que las requeridas en el contrato. Además, se las habría comprado con sobreprecio.
La Fiscalía acusó a Yunda como autor mediato de este delito. Mientras que el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, quién se encuentra prófugo de la justicia; y Juan Vinelli, gerente de la empresa Salumed S.A con la que la Secretaría de Salud concretó la compra de dichas pruebas por casi 4,2 millones de dólares, serían los autores directos.
Además, la actual secretaria de salud, Ximena Abarca, la excoordinadora técnica de esta entidad, Linda Guamán y los demás implicados constan como coautores. La audiencia tomará 30 días, tiempo en el cual tanto Fiscalía como los acusados deberán presentar sus pruebas.
Segunda audiencia en TCE
A la par, este jueves 30 de septiembre a las 09h00 Yunda deberá enfrentar su segunda audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la denuncia presentada por Santiago Guarderas sobre una supuesta infracción electoral grave. Misma que será presidida por el juez Ángel Torres.
En la denuncia también están incluidos los jueces María Belén Domínguez, quien fallo a favor de la acción de protección de Yunda y Raúl Mariño y Cenia Vera, quienes rechazaron la apelación de esta acción y lo restituyeron en funciones.
Ya el pasado 9 de septiembre, Jorge Yunda enfrentó la audiencia sobre la denuncia presentada por Jéssica Jaramillo y Sara Serrano por esta misma causa. La cual fue rechazada por el juez y presidente del TCE, Arturo Cabrera, el pasado 22 de septiembre. Esto al considerar que no se probó que Yunda haya violentado las “decisiones legítimas de autoridad electoral“.
Acción extraordinaria de protección
Mientras, el pleno de la Corte Constitucional (CC) tiene 30 días para pronunciarse sobre la acción extraordinaria de protección de Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en contra del fallo de la Corte Provincial de Pichincha que restituyó en el cargo a Yunda. Esto después de que el pasado 24 de septiembre la jueza ponente de la causa, Karla Andrade, enviara su proyecto de sentencia.
Dicho proyecto se aprobará con un mínimo de 5 votos favorables de los nueve magistrados que lo conforman.
Tanto Guarderas como Sandoval aseguraron que el fallo de la Corte Provincial vulneró tres derechos constitucionales: ser juzgados por un juez competente, obtener decisiones motivadas y seguridad jurídica. Esto debido a que era al Contencioso Electoral el organismo que le correspondía pronunciarse sobre las formalidades de remoción; y porque la Corte Provincial falló sobre otras razones y no por lo denunciado por Yunda, que era el informe de la comisión de mesa.
Por su parte, Yunda aseguró por medio de sus redes sociales que la CC fallará en su contra. Por lo que adelantó que presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
