Redacción: Carolina Méndez Machado 

En una sesión virtual la Asamblea Nacional retomó, este martes 12 de enero, el primer debate de la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación y, de dos proyectos de resoluciones. 

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El articulado unifica varias propuestas de ley y está compuesto por 184 artículos, diez disposiciones generales, seis transitorias, dos reformatorias, una derogatoria y una final que estructuran el Sistema Deportivo Nacional.

De igual manera, fusiona el deporte estudiantil con el deporte formativo, para así poder fortalecer a las organizaciones deportivas y que la estructura del deporte en Ecuador, se adapte a la normativa internacional, referente al deporte olímpico, paralímpico, sordolímpico y profesional.

Previo al primer debate los legisladores escucharon los aportes de 19 sectores vinculados al deporte.

Carlos Ninabanda, presidente la Federación Nacional de Liga Barriales y Parroquiales del Ecuador  (Fedenaligas), resaltó el trabajo de la Comisión en territorio y planteó se contemple un capítulo especial sobre la recreación del deporte comunitario barrial y parroquial con estructura orgánica. Solicitó que se construya mesas de trabajo, a fin de revisar varios artículos en la Ley.

Por otra parte Christian Aguilar, del Comité de Empresas de Trabajadores de la Concentración Deportiva de Pichincha señaló que la Ley debe contemplar la restitución y asignación de rentas propias para el fortalecimiento del deporte federativo que en los últimos años ha sufrido un recorte del 50 %, afectando directamente a los deportistas y trabajadores del ramo.

Liliana Estrella, en representación de los deportistas con discapacidad, pidió se garantice la actividad física con enfoque de derechos. Danilo Carrera, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, presentó observaciones en torno a la estructura, financiamiento y autonomía del deporte. Sostuvo que el Estado debe garantizar independencia económica a las organizaciones deportivas.

Los carnés de discapacidad

La sesión fue suspendida antes de que se ponga en conocimiento del Pleno el Informe No Vinculante de la Investigación dispuesta en la Resolución RL-2019-2021-071, para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad, aprobado por la Comisión del Derecho a la Salud, el 14 de octubre de 2020.

En el documento se concluye que, de la revisión a los expedientes de usuarios del Sistema Informático en Línea (SIL) y de personas con discapacidad, se identificaron hallazgos como: funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.

Además se identificaron funcionarios sin acreditación ni perfil para ser calificadores de la discapacidad, también la ausencia de documentos que respalden la calificación, porcentajes asignados que no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios, y certificados médicos, así como la emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso estaba suspendido.

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