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Alcaldes y prefectos bajo la lupa: Hallazgos de la investigación en Pichincha

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Alcaldes y prefectos bajo la lupa Pichincha analiza procesos judiciales, patrimonios, empresas e información tributaria de las autoridades seccionales de la provincia. La investigación revisó información pública de alcaldes y prefectos que actualmente ejercen funciones y que podrían participar en futuras elecciones.

La investigación forma parte de la serie «Alcaldes y prefectos bajo la lupa», desarrollada por Spondylus Info Lab gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Un total de 37 medios de comunicación se unieron para difundir este trabajo periodístico, entre ellos Tu Voz Media.

Los ciudadanos también pueden consultar la información mediante una herramienta interactiva que reúne datos patrimoniales, empresariales, tributarios y judiciales de las autoridades analizadas.

Alcaldes y prefectos bajo la lupa Pichincha: Cambios patrimoniales

Uno de los casos que registra mayores variaciones patrimoniales corresponde al alcalde de Puerto Quito, Víctor Mieles Paladines, quien llegó a la Alcaldía por el Partido Socialista Ecuatoriano.

En 2023 declaró un patrimonio de USD 51.535. Para 2024 la cifra ascendió a USD 98.981 y en 2025 alcanzó los USD 144.788.

La investigación señala que, desde que inició su gestión como concejal en 2019, su patrimonio presenta un incremento del 517,07%. En ese año reportó USD 23.463, mientras que actualmente registra USD 144.788.

Otro caso analizado corresponde al alcalde de Cayambe, Alberto Masapanta Cobacango. En 2023 reportó un patrimonio de USD 90.000 y, según su declaración periódica de 2025, la cifra ascendió a USD 190.744,32.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui, también registra variaciones patrimoniales. En 2019 declaró USD 92.745. Para 2025 su patrimonio alcanzó los USD 151.232.

El informe señala que este cambio responde al incremento de bienes muebles, la aparición de cuentas por cobrar, la actualización del valor de bienes inmuebles y la reducción de sus deudas.

El alcalde de San Miguel de los Bancos, Luis Suqui Morocho, presenta un comportamiento distinto. En 2023 declaró USD 854.456; en 2024 registró USD 748.992 y en 2025 la cifra se redujo a USD 216.380.

Además, el alcalde no presentó su declaración de impuesto a la renta correspondiente a 2021. Tras ser consultado por el equipo periodístico, explicó que durante ese período no desarrolló actividades económicas ni laborales que generaran ingresos sujetos a declaración.

EMPRESAS Y FUNCIONES PÚBLICAS

La investigación también revisó información de la Superintendencia de Compañías.

Uno de los hallazgos corresponde al alcalde de Mejía, Wilson Rodríguez Vergara, quien aparece como administrador de Rodriguezcompany S.A.S., empresa dedicada al alquiler de grúas y equipos de construcción.

La alcaldesa de Pedro Moncayo, Verónica Sánchez Cárdenas, figura como accionista y administradora de una compañía dedicada a actividades comerciales.

Según el portal del SRI, tampoco presentó declaración de impuesto a la renta correspondiente a 2019.

El informe señala que ninguno de los funcionarios consultados respondió sobre la posibilidad de que estas actividades generen conflictos de interés, aunque las empresas no mantengan contratos con el Estado.

Por otra parte, el alcalde de Pedro Vicente Maldonado, Freddy Arrobo Arrobo, registra participación societaria en dos compañías.

Tras ser consultado, indicó mediante una carta oficial que actualmente se encuentra «inactivo» como accionista de dichas empresas, situación que, según la investigación, no aparece reflejada en los registros de la Superintendencia de Compañías.

El alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza Marcillo, también figura como accionista de una institución educativa privada.

PROCESOS JUDICIALES Y EXPEDIENTES

Los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano muestran procesos que involucran a autoridades de la provincia por distintos delitos.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, registra una investigación por presunto peculado iniciada en 2024. La Fiscalía solicitó el archivo del caso en octubre de 2025.

Además, el alcalde es investigado de manera reservada por el proceso relacionado con la compra de 60 trolebuses y fue llamado a rendir versión.

Su historial también incluye una causa relacionada con hechos ocurridos durante 2010, cuando ejercía funciones en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El proceso prescribió en 2025.

En su respuesta a Spondylus Info Lab, Muñoz sostuvo que la denuncia por peculado se originó por una escritura no registrada en 1991, período en el que no ejercía funciones municipales.

Respecto al caso de los trolebuses, indicó que su participación se limitó a la firma de un memorando de entendimiento técnico con la UNOPS y que la compra correspondió a la Empresa Metropolitana de Transporte.

El alcalde de San Miguel de los Bancos, Luis Suqui, registra tres expedientes.

Uno de ellos corresponde a una denuncia por presunto abuso sexual presentada en 2024. La Fiscalía solicitó el archivo del caso al concluir que los hechos no configuraban el delito investigado.

También registra una causa por presuntos delitos contra el agua, cuyo archivo fue solicitado por la Fiscalía en 2025.

El funcionario sostuvo que colaboró con las investigaciones y señaló que no existieron elementos suficientes para formular cargos.

La prefecta Paola Pabón registra una causa relacionada con ocupación o uso ilegal de suelo, cuyo archivo fue solicitado por la Fiscalía.

También enfrentó una investigación por presuntos delitos de homicidio y estafa vinculados a bienes incautados en bodegas de la Prefectura, proceso que fue archivado.

En 2019 fue procesada por el delito de rebelión. El caso no aparece activo en el sistema judicial debido a la amnistía recibida.

Por su parte, el alcalde de Cayambe, Segundo Masapanta, registra procesos por falsificación, estafa y actos de odio. Todos los expedientes se encuentran archivados.

CONSULTE LOS DATOS COMPLETOS

La investigación permite revisar información pública relacionada con patrimonios, empresas, procesos judiciales e impuestos de las autoridades de Pichincha.

Los ciudadanos pueden consultar el especial interactivo y conocer los registros completos de cada autoridad a través de la herramienta desarrollada para esta serie periodística.

Antes de las próximas elecciones seccionales, el acceso a la información pública se convierte en una herramienta para comprender quiénes administran recursos públicos y quiénes podrían volver a buscar el voto ciudadano.

Especial interactivo:

https://alcaldes-prefectos-bajo-lupa-ecuador-2026.pages.dev/

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