Ecuador enfrenta un grave problema de violencia sexual en el sistema educativo, según datos oficiales del Ministerio de Educación. A pesar de los esfuerzos del gobierno, como la implementación de políticas para erradicar la violencia sexual en las escuelas y el desarrollo de una estrategia nacional de educación integral en sexualidad, los desafíos persisten.
Desde 2014, se han reportado 6,516 casos, afectando a miles de estudiantes. Entre 2020 y 2024, hubo 2,827 incidentes, según el informe de Human Rights Watch.
Un caso emblemático es el de Paola Guzmán, quien fue abusada por el vicerrector de la institución donde estudiaba en 2001. Su caso llevó a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador, destacando la necesidad de mejorar las medidas de protección y justicia.
El gobierno ha lanzado iniciativas como la capacitación del personal educativo y judicial. Sin embargo, todavía hay una escasez de personal de bienestar estudiantil, y las barreras judiciales dificultan el acceso a la justicia para los sobrevivientes. Además, durante la pandemia de COVID-19, la violencia aumentó, exacerbada por la inseguridad relacionada con pandillas.
Las estadísticas subrayan la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y garantizar que se apliquen protocolos adecuados en todas las escuelas. Es fundamental que Ecuador tome medidas más efectivas y coordinadas para proteger a los estudiantes y asegurar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. El gobierno debe comprometerse a implementar políticas de seguimiento continuo y mejorar la capacitación de todos los involucrados para lograr un cambio duradero.
