Septiembre será un mes decisivo para la capital pues Jorge Yunda deberá enfrentar 3 audiencias. La primera por infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), luego sobre la acción extraordinaria de protección impulsada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en la Corte Constitucional; y finalmente la audiencia de juzgamiento sobre supuesto peculado en la compra de pruebas PCR.
Este jueves 9 de septiembre el TCE analizará la denuncia presentada por Jessica Jaramillo, abogada que impulsó la remoción, sobre una supuesta infracción electoral muy grave en contra del alcalde restituido. Esto al no acatar la sentencia emitida por este órgano electoral el pasado 1 de julio.
Jaramillo considera que esta audiencia permitirá defender el proceso participativo ciudadano que logró que el Concejo Metropolitano removiera a Yunda de la alcaldía. Ahora será el juez Arturo Cabrera quien deberá emitir una resolución. Esta puede ser apelada por cualquiera de las dos partes ante el pleno del TCE el cual tendrá un plazo de 10 días para resolverlo.
Sin embargo, El analista constitucional, Augusto Tandazo, asegura que: «esto no es una infracción electoral y lo dice expresamente el artículo 268 del Cootad. La infracción electoral está en el numeral 4 y lo que hizo el TCE es aplicar el numeral 5, que es absolver una consulta sobre remoción de autoridades”. Por lo tanto, a decir de Tandazo, a Yunda no se le podrían aplicar las sanciones de una infracción electoral, pues “son dos cosas diferentes”.
Audiencia Corte Constitucional
El próximo 13 de septiembre en cambio, la Corte Constitucional llevará a cabo la audiencia por la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que restituyó en funciones a Yunda. No obstante, esta no tiene un plazo definido para que la jueza ponente, Karla Andrade, presente el proyecto de sentencia.
Ante ello, Tandazo asegura que la Corte Constitucional no podía admitir a trámite esta acción, pues primero la sentencia de la Corte Provincial debía estar ejecutoriada. Hecho que, de acuerdo con Tandazo, aún no estaba concretado debido a que existía una aclaratoria que debía resolverse.
Además, menciona que según el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la acción extraordinaria de protección debía presentarse “en la judicatura, sala o tribunal que dictó la sentencia definitiva”. Es decir, debía presentarse ante la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial y desde allí remitir el expediente completo a la Corte Constitucional.
“No podían (la CC) jamás haber actuado y eso demuestra que puede existir una carga política en las decisiones que pueda adoptar” asegura Tandazo. Por lo que, en caso de que la CC falle en contra de Yunda, afirma que esto lo podría revertir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Audiencia caso pruebas PCR
Finalmente, el 29 de septiembre será la audiencia de juzgamiento en contra de Jorge Yunda y 13 personas más por supuesto peculado en la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección de covid-19. Proceso en el que también están involucradas la actual secretaria de salud, Ximena Abarca y la ex coordinadora técnica de esta entidad, Linda Guamán.
El tribunal del caso estará conformado por los jueces Wilson Lema, como ponente, Fabián Fabara y María Guerra. El pasado 30 de abril, Vladimir Jhaya, presidente de la Corte Provincial, llamó a juicio a los implicados, sin embargo, la audiencia se fijó casi 3 meses después.
Por este caso, Tandazo asegura que fue la misma Comisión de Mesa del Concejo la que aseguró que no se comprobaron despilfarros, uso indebido o mal manejo de fondos. Asimismo, mencionó que, en caso de que se de una sentencia condenatoria en contra de Yunda, él podría apelarla, “luego acceder a un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia; y luego solicitar un recurso de acción extraordinaria de protección e incluso puede seguir a corte internacionales”.
