Scarlett Lindao aseguró que los 6.000 dólares que le solicitaron para el cargo de asistente legislativo en el despacho de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, habrían sido para pagar una cirugía estética de la legisladora.

Actualmente, Jiménez es investigada por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional tras la acusación de los asambleístas Alejandro Jaramillo y Victoria Desintonio de supuestamente gestionar cargos públicos. Desde este lunes 27 de septiembre se desarrolla la audiencia de práctica de pruebas.

Además, el pasado 23 de agosto Lindao presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la asambleísta respecto a su contratación.

En su testimonio, la ex funcionara relató que el pasado 21 de abril, Elena Ortega, cuñada de Jiménez, se contactó con ella para mencionarle que la legisladora buscaba personal para su despacho y que el contrato duraría cuatro años. Sin embargo, le solicitaron 6.000, dólares, a lo que respondió que no contaba con esa cantidad, pero que podría pedir un adelanto de su liquidación en su anterior empleo.

Lindao aseguró que el pasado 3 de mayo recibió un mensaje de Ortega que decía: “Negrita, que pena andarte cobrando, pero es que Bellita tiene hoy la cirugía y necesita para la faja y pagar la noche en la clínica”. Por lo que, al día siguiente, entregó el cheque por 2.500 de dólares y fue cobrado ese mismo día por Steven Jiménez, hermano de la asambleísta, según se establece en el documento bancario.

Pablo Luna niega haber entregado dinero por cargo

Mientras, el hijo de la asambleísta, Simón Peláez y su amigo Pablo Luna aseguraron que no se entregó dinero para gestionar cargos públicos, sino que los 3.000 dólares que Luna entregó a Peláez son de un préstamo para pagar sus estudios en México.

Mismos que, según su testimonio, los habría devuelto después de que su madre se enterara del hecho. Primero se habría hecho un depósito de 1.900 y luego otro de 100 y finalmente los 2.000 dólares restantes.

Tras concluir este tercer día de audiencia, resta que este Comité elabore un informe para ponerlo en conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional.

El asambleísta Alejandro Jaramillo solicitó que en su informe final recomiende la destitución de Jiménez del Parlamento. Esto porque, a su criterio, habría incurrido en la prohibición del artículo 127 de la Constitución y los numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Por este caso, la Fiscalía General del Estado también investiga a Bella Jiménez como sospechosa de concusión.