Hace exactamente dos meses se llevó a cabo la remoción de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito, con 14 votos a favor. Sin embargo, hasta ahora la ciudad vive en una dicotomía, pues tanto Santiago Guarderas como Jorge Yunda se consideran el burgomaestre de la ciudad. Esto al existir dos sentencias contradictorias de dos instancias diferentes.
Por un lado, se encuentra la sentencia del pasado 30 de julio en donde la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación de la comisión de mesa ante la acción de protección presentada por Jorge Yunda y dejó sin efecto su remoción. Esa misma tarde Yunda regresó a su despacho en el Palacio Municipal.
Por el otro, se encuentra Santiago Guarderas quién asegura que Yunda ya no es el alcalde debido a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la cual avaló el procedimiento de remoción llevado a cabo por el concejo. Guarderas fue posesionado el pasado 19 de julio tras revocarse las medidas cautelares a Jorge Yunda.
Ante ello, Jessica Jaramillo asegura que nos encontramos ante un “choque jurídico” pues ambas sentencias contradictorias tendrían el mismo valor.
Por su parte, Salim Zaidán, abogado constitucionalista, asegura que por ahora Santiago Guarderas es el alcalde de Quito debido a que la sentencia de la Corte aún no ha sido ejecutoriada. Una vez que eso pase, Jorge Yunda podría asumir de nuevo sus funciones.
Posibles Soluciones
Ante este escenario, Zaidán plantea 3 posibles soluciones. La primera es que el TCE haga cumplir su fallo lo que podría incurrir en sanciones para Jorge Yunda estipuladas en el artículo 280 del Código de la Democracia. Situación que ya ha sucedido, pues este 2 de agosto el TCE solicitó se certifiquen las fechas en las que la Secretaría del Consejo Metropolitano, fue notificada sobre la absolución de consulta pedida por Jorge Yunda con respecto al proceso de su remoción.
El segundo escenario y el más probable para Zaidán, es que el Consejo de la Judicatura resuelva las posibles irregularidades con respecto al sorteo de las causas a los jueces que, en caso de comprobarse, todos los procesos serían declarados nulos.
Finalmente, el tercer escenario es que se presente una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), proceso que Guarderas planea iniciar. O que la CC ejerza su competencia, revise la sentencia de la Corte Provincial y decida si tiene o no validez.
Defensa de Jorge Yunda
Por su parte, Juan Pablo Torres, abogado patrocinador de Jorge Yunda, asegura que el TCE no podría sancionar a su defendido pues la sentencia de la Corte Provincial está por encima de lo dispuesto por el organismo electoral. “La justicia Constitucional lo que hace es tutelar derechos, por ende, por supremacía normativa es superior a todo el resto de órganos jurisdiccionales” acotó Torres.
Además, menciona que restituirle el cargo a Yunda fue una medida de gratificación por parte de la Corte Provincial ante la mala conformación de la Comisión de mesa con lo que se vulneró su derecho a la imparcialidad. De igual manera, Torres afirma que la Corte Constitucional no debe decidir qué sentencia prima por sobre la otra, sino si el proceso de remoción de Jorge Yunda fue el correcto.
Asimismo, ante las acusaciones de irregularidades en los procesos, Torres asegura que los abogados no son quienes designan a los jueces y menciona: “el hecho de que puedan existir sanciones administrativas en contra de funcionarios por presuntas irregularidades para mí es irrelevante, porque no existe ninguna acción legal que pueda determinar la nulidad de este proceso”.
División en el Concejo
Durante todo este tiempo el Concejo Metropolitano sigue dividido. Pues los ediles también son parte de la pugna entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas.
Por ejemplo, este 2 de julio existieron 2 convocatorias a la sesión de concejo para conmemorar a los próceres de la independencia de 1810. La una convocada por Santiago Guarderas, a la que asistieron algunos ediles, pero no se realizó por la inasistencia del propio Guarderas.
La otra, convocada por Jorge Yunda la cual tuvo lugar a las 10h30 a la que sí asistió Guarderas y otros 14 concejales. Sin embargo, minutos después Guarderas se retiró asegurando “en vista de que esta convocatoria es inconstitucional e ilegal, yo no puedo avalar de ninguna manera”.
El concejal Fernando Morales mencionó que la Corte Constitucional es quién debe decidir quién es el alcalde de la ciudad. “En un momento determinado se tienen estos dos elementos: la una persona se retiró y la otra persona vino al despacho” acotó Morales.
De igual manera, Brith Vaca vicealcaldesa de Quito, aseguró que su puesto no estaría en discusión. Esto ya que fue posesionada en una sesión ordinaria del Concejo Metropolitano.
Lo cierto, es que pese a los llamados de Yunda y de varios concejales para “arrimar el hombro” y seguir trabajando por la ciudad, dentro del municipio las dependencias aún no saben a quién responder o que órdenes seguir.
