El Ministerio de Educación de Ecuador ha intensificado sus esfuerzos para enfrentar los riesgos psicosociales que afectan a niños y adolescentes en el país, los cuales contribuyen significativamente al abandono escolar. A través del Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales, se busca garantizar entornos seguros para los estudiantes, protegiendo sus derechos y asegurando el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los principales riesgos que se busca prevenir están la violencia física, psicológica y sexual, el acoso escolar, el embarazo adolescente, el uso de drogas, los intentos de suicidio, embarazos adolescentes y desapariciones.
La preocupación del Ministerio por estos riesgos está fundamentada en el hecho de que durante el año lectivo 2023-2024, 119 340 estudiantes no se matricularon en comparación con el periodo 2022-2023, lo que pone en evidencia un grave problema de deserción escolar. A través del programa Todos al Aula, implementado desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se identificaron a 26 144 estudiantes que estaban fuera del sistema educativo, logrando reinsertar al 66% de ellos.
Sin embargo, aún queda un importante grupo de niños y adolescentes que no han regresado a las aulas, lo que refleja los desafíos pendientes en cuanto a la reintegración escolar.
El Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales se implementa en cinco fases a lo largo de ocho años. La primera fase, que inició en 2023, consistió en la elaboración de herramientas y recursos de prevención que fueron distribuidos al sistema educativo. La segunda fase, que se desarrollará entre 2024 y 2025, consiste en un programa piloto en 110 cantones priorizados, es decir, la mitad de los 221 cantones del país. Estos cantones fueron seleccionados en base a criterios como el registro de casos de violencia sexual, la prevalencia de riesgos psicosociales y la diversidad de territorios urbanos y rurales.
Además de las fases, el plan propone cinco estrategias clave. La primera es enseñar a los estudiantes a defender sus derechos y proyectos de vida; la segunda busca involucrar a los padres en el proceso educativo; la tercera y cuarta se enfocan en fortalecer las capacidades de las instituciones educativas y fomentar la participación de la comunidad. La última estrategia está dirigida a cambiar patrones socioculturales a través de políticas públicas que favorezcan la prevención de estos riesgos. Con estas acciones, el Ministerio de Educación espera reducir los riesgos psicosociales y garantizar un mejor futuro para los estudiantes del país.
