Actualmente en Ecuador, es normal encontrar en las calles a menores de edad en los semáforos, algunos junto a sus padres, otros solos, en los parques, limpiando zapatos, pidiendo caridad en la salida de restaurantes o en las esquinas. Algunos se ven obligados a enfrentar esta situación debido a diferentes factores intrafamiliares.
En este sentido, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), una de las identidades responsables en atender esta problemática, prevé atender durante este año a 12 160 niñas, niños y adolescentes que realizan actividades de trabajo infantil. Para ello el presupuesto llega a los seis millones de dólares (6 200 736).
El abogado y experto en temas constitucionales Douglas Coronel señala que, de acuerdo a las cifras oficiales y con corte a mayo de este año, 11.431 niñas, niños y adolescentes (todos son atendidos por convenio) de 5 a 17 años han sido beneficiados del Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil. Destacó que, de enero a diciembre 2022: 3.588 niñas, niños y adolescentes desvinculados del trabajo infantil a nivel nacional, de un total de 11.960 atendidos.
El MIES destaca también que, Campaña Nacional “Solidaridad sin Mendicidad” 2022 ha generado una disminución del 8.85% de personas en situación de mendicidad y trabajo infantil en el 2022. Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil busca restituir los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes trabajadores.
La Constitución de la República del Ecuador (artículo 35) establece que niñas, niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria, por lo cual el Estado debe brindar atención especializada, preferente y prioritaria a este grupo poblacional. Ante esto, el abogado también señaló que, el Código Orgánico Integral Penal (Art. 91) reconoce al trabajo infantil y la mendicidad como parte del delito de trata de personas y establece penas desde 13 hasta 26 años de privación de libertad para quienes lo cometan.
Asimismo, el Código de la Niñez y Adolescencia (Título V) establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia los protejan contra la explotación laboral, económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación.
Si bien, la falta de empleo en los hogares, la pobreza, la pobreza extrema y la situación de movilidad de ciertas personas, desencadena que niñas, niños y adolescentes abandonen las actividades propias de su edad para trabajar, Douglas considera que el Estado debe trabajar en políticas de prevención para combatir esta problemática.
Recordemos que cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el objetivo es sensibilizar y denunciar la explotación infantil, una realidad que vulnera el derecho a la educación, la salud y una vida plena que les permita desarrollo y bienestar integral.
