Más de 9 horas duró el juicio político a María Paula Romo este martes 24 de noviembre de 2020. El pleno de la Asamblea Nacional la censuró y destituyó de su cargo de Ministra de Gobierno con 104 votos positivos, 18 negativos y 12 abstenciones.
El uso de bombas lacrimógenas caducadas y la actuación policial en centros que acogieron a los manifestantes en el mes de octubre de 2019, fueron las causales para su interpelación.
Durante la sesión hubo 25 intervenciones de asambleístas, quienes manifestaron su posición con respecto a los hechos de octubre y otras actuaciones de la exministra en sus funciones al mando de la política de gobierno y la gestión de la seguridad.
Apenas conocida la decisión del poder legislativo, el Presidente Lenin Moreno dijo en cadena nacional que no está de acuerdo con la resolución, pero acatará lo dispuesto por el Parlamento.
El reemplazo de Romo será Patricio Pazmiño, quien ocupaba el cargo de Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobierno.
En horas de la mañana la ahora exministra María Paula Romo, se defendió ante la Asamblea Nacional (AN) de las acusaciones de los asambleístas interpelantes, Amapola Naranjo, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez.
La funcionaria justificó que, en el marco de las masivas manifestaciones, “he cumplido con las funciones que me da la ley y la Constitución”, dijo.
Desde el Palacio de Carondelet, Romo explicó en su intervención virtual que a través de las fuerzas de seguridad se encuentran entre sus obligaciones la rectoría de las políticas públicas para la seguridad ciudadana.
Sin embargo, dijo que dentro de sus responsabilidades no se incluyen operaciones ejecutivas de los miembros de la Policía Nacional (PN).
“Mi responsabilidad tienen que ver con planes, programas, estatutos y reglamentos que, en el marco demos competencias tienen que ver con institucionalizar a la Policía Nacional, con darle herramientas reglamentarias para que puedan hacer su trabajo, y así lo he hecho señores legisladores”, manifestó.
Como parte de sus alegatos, Romo defendió a la PN por el presunto uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas del año pasado al señalar que, almacenadas de forma correcta, “producen los mismos efectos físicos fisiológicos en las personas” y que no perjudican a los ciudadanos más vulnerables, refirió.
Además, insistió en que existieron indicios de intentos de toma de edificios públicos como la AN y la Contraloría General del Estado, que buscó desestabilizar al actual Gobierno.
También rechazó las acusaciones del presunto “bombardeo” con gas lacrimógeno a centros de paz en Quito (centros de educación superior), donde estuvieron presentes mujeres embarazadas, adultos mayores y menores de edad.
“Una noche, de manera accidental, en las inmediaciones de dos universidades, en las que se albergaban los manifestantes, cayeron bombas lacrimógenas y; para evitar una escalda del conflicto y mayor violencia, di una instrucción clara a la Policía de no acercarse a esos lugares. La policía no entró nunca a una universidad”, aseveró.
En el contexto de las acciones generales de los miembros de la PN durante octubre de 2019 “primó la prudencia, la mesura, la disciplina, la no provocación, de esa manera actuó la Policía (…) la policía solo tiene que responder a la violencia”, añadió.
La Secretaria de Estado agregó que su comparecencia de hoy es la numero 40 antes el Legislativo, tras más de dos años y dos meses de su gestión.
Interpelantes y sus argumentos
Amapola Naranjo, asambleísta interpelante en el juicio político, expresó sostuvo que el tratamiento del proceso se cumplió de forma transparente. «La Comisión de Fiscalización recomendó el enjuiciamiento político en respuesta al soberano, el pueblo y primer mandante», señaló Naranjo.
Sobre el supuesto uso de bombas lacrimógenas por parte de la PN, la legisladora afirmó que «hubo la disposición para disolver la manifestación pacífica a la que tiene derecho el pueblo ecuatoriano». «Las bombas lacrimógenas fueron usadas como proyectiles, al cuerpo de los manifestantes».
Roberto Gómez, asambleísta por Guayas, dijo en su calidad de interpelante apuntó en que Romo debe ser juzgada por «violar la ley y poner en riesgo la vida de los policías entregándoles implementos en mal estado».
Agregó que la Fiscalía debería enjuiciar por otro lado a los manifestantes violentos. «Hoy defendemos el derecho de la Policía a contar con armamento en buen estado (…) el Estado en su conjunto fracasó, debemos evitar que haya otro octubre», dijo el parlamentario.
Por su parte la legisladora por Azuay, Lourdes Cuesta, cuestionó que Romo «no cumplió con la seguridad de los ecuatorianos, ni de quienes se manifiestan, ni de quienes no», lo cual a su parecer deriva en un incumplimiento de funciones.
A principios de noviembre de 2020, la Comisión de Fiscalización envió al pleno de la AN el informe en el que se recomendó la destitución de Romo.
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