La Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 fue publicada este lunes 29 de noviembre en el Tercer Suplemento N.º 587 del Registro Oficial. Esto después de que el presidente Guillermo Lasso la promulgó como decreto-ley.
De acuerdo a lo estipulado en la Constitución, la ley entrará en vigencia hoy mismo y sin modificaciones; pues la Asamblea Nacional no la negó, modificó o aprobó en los 30 días de plazo que tenía al tratarse de un proyecto de carácter económico urgente.
La normativa está compuesta por 207 artículos, 8 disposiciones generales, 15 transitorias, 1 interpretativa y 1 derogatoria. Según el Gobierno Nacional, se pretende recaudar $1.900 millones en 2 años. Recursos que se destinarán “a la protección de los más vulnerables y al fortalecimiento de programas de asistencia social. Solo el 4% de la población realizará aportes adicionales” afirmó Lasso.
Además, se elimina el 2% de impuesto a las microempresas y el IVA a los productos de higiene femenina, pañales, entre otros. Asimismo, los agricultores podrán acceder a créditos a 30 años plazo con el 1% de interés.
No obstante, entre los puntos más criticados de la ley, están la fijación del impuesto a la renta para quienes ganen más de $2.000, la deducción por gastos personales de hasta $10.000 y la eliminación del impuesto a la herencia.
Bancada de UNES adelanta acciones legales
El pasado 26 de noviembre, 53 votos afirmativos, 81 abstenciones y 3 votos negativos, el Pleno Legislativo no aprobó la moción de la asambleísta Mireya Pazmiño (PK) de archivar el entonces proyecto de ley.
Las abstenciones llegaron principalmente del bloque correísta a quienes acusaron de tener un pacto con el Gobierno para que se la pudiera publicar. Por ejemplo, el asambleísta Fernando Villavicencio señaló que se había solicitado el cambio de cárcel para Jorge Glas y un salvoconducto para que María de los Ángeles Duarte pueda salir a Argentina.
De su parte, mediante rueda de prensa, los legisladores de UNES rechazaron enfáticamente estas aseveraciones y acusaron al secretario general de la Asamblea Nacional y a su presidenta, Guadalupe Llori, de actuar en complicidad con Lasso para que la ley entrara en vigencia.
“El Gobierno tiene que responderle al país porque la ley no es de la revolución ciudadana. Señor Lasso la ley es suya, fue su propuesta. Nosotros quisimos darle una alternativa al país y Pachakutik, Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano no la apoyaron” aseguró la asambleísta Paola Cabezas.
Finalmente, adelantó que la publicación de la ley en el registro oficial es inconstitucional. Por lo que adelantó acciones legales “para que esta ley no afecte al pueblo ecuatoriano”.
