Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para que informen los parámetros de selección del reemplazo del Defensor del Pueblo.
La primera en dar sus argumentos fue la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, quien sostuvo que «en un acto democrático, con apego al cumplimiento de la norma y por el bien del país, los consejeros eligieron un Defensor encargado porque decidieron avanzar».
La asambleísta Ana Belén Cordero le preguntó si habría un conflicto de intereses por el hecho de que César Córdova fue secretario del organismo y luego designado Defensor del Pueblo encargado. Y solicitó que remita las certificaciones de las 2 maestrías y el doctorado que actualmente se encuentra cursando, así como copia certificada de las carpetas de los otros perfiles que entrevistaron.
El siguiente compareciente fue David Rosero quien también defendió la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo. «Tiene amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores, incluso en la CIDH. Tiene idoneidad y honradez».
Mientras que Hernán Ulloa, también consejo indicó: «La acreditación académica no implica una trayectoria en la defensa de DDHH. Ser Defensor del Pueblo implica enfocarse en ese tema. César Córdova no tiene un solo curso en DDHH, sino experiencia en derecho aduanero».
