Los Jueces Constitucionales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, doctores Manuel Ulises Torres Soto, Adriana Lidia Mendoza Solórzano y Johanna Alexandra Tandazo Ortega, enfrentan una posible sanción por inadmitir el recurso de habeas corpus solicitado por Jacobo Bucaram Pulley.
Bucaram, es investigado por varios delitos, entre ellos la trama de corrupción por venta de insumos médicos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El recurso se elevó a la Corte Nacional de Justicia, donde los magistrados Daniella Camacho y Wilman Terán, con voto de mayoría, favorecieron el traslado de Bucaram de la cárcel de Latacunga a la cárcel 4 en Quito, el pasado 14 de octubre de 2020.
Tras lo cual iniciaron la acción disciplinaria por «error inexcusable» contra los jueces del tribunal inferior, la misma que podría terminar en destitución.
Los jueces provinciales enviaron un informe, en el que defienden su decisión de declararse incompetentes en razón del territorio y aseguran haberse ceñido al procedimiento en este tipo de acción.
Durante la audiencia de habeas corpus se conoció que Bucaram Pulley estaba preso en Latacunga por una orden emitida desde Quito por otra jueza, Ana Lucía Cevallos, quien lleva también un proceso de delincuencia organizada contra Bucaram Pulley y su padre.
Los jueces de Guayaquil decidieron inadmitir el recurso y explicaron a la defensa de Jacobo Bucaram que este debía ser presentado en la capital o en Latacunga.
De acuerdo a juristas consultados por Tu Voz.TV es la primera vez que la Corte Nacional de Justicia emite una sentencia en respuesta a la apelación de un auto de inadmisión, lo cual les llama la atención.
Bajo la figura de “error inexcusable” al menos 700 jueces fueron destituidos por vía administrativa en la gestión del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
Varios de ellos debieron ser reintegrados a sus puestos luego de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia, que abrió el debate sobre la independencia judicial y el uso de esta figura.
También la Defensoría Pública presentó en 2016 un proyecto de reforma al COFJ que sugirió la eliminación total del error inexcusable (negligencia manifiesta y falta de fundamentación).
