Jean C. B., exasesor del exlegislador Daniel M. procesado por el presunto delito de delincuencia organizada, se refirió este martes 29 de septiembre de 2020 a montos económicos que les fueron entregadas producto de «cuotas políticas», autorizadas presuntamente por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Sus declaraciones las realizó en el marco de su testimonio anticipado en la sede de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito.
«La ANT fue entregada a finales del año 2018 a Daniel M. Ellos nos reportaban 30 o 40 dólares por trámite, es decir, alrededor de $2.500 diarios. Esa cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Atamaint (presidenta del CNE) en el juicio político en su contra (…) Sé que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la Ministra de Gobierno, María Paula Romo», declaró Jean C.
Daniel M. y su exasesor recibieron en julio de 2020 la formulación de cargos de presunta delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De su lado, el exlegislador Daniel M. confirmó la existencia de las llamadas ‘cuotas políticas’, con la existencia de un ‘sistema roto’ que imponía a cambio la alineación de asambleístas en decisiones del Pleno del Legislativo.
«En las reuniones de los temas legislativos se hablaba de esa suerte de cuotas políticas. Esto ocurrió siempre desde que yo fui legislador. He detallado estas practicas como un sistema roto, el reparto de cuotas políticas a cambio de la organicidad en el Legislativo», afirmó Daniel.
Caso Pedernales
La construcción del Hospital de Pedernales en Manabí, responde a un mecanismo de reparto político, de acuerdo a Daniel M., quien también rindió testimonio anticipado.
Ante el juez Marco Rodriguez, el exasambleísta dijo que Franlink C. le propuso a su asesor Jean. B que el entonces Director del Secob, René Tamayo, adjudique la obra al Consorcio Pedernales. “Le trasladé la propuesta a Eliseo A. quien aceptó y dicha adjudicación se dio”.
Mendoza, también relató que el legislador Eliseo A., de quien no se conoce su paradero, “le pidió ayuda para el cobro de cheques, producto de compromisos y trasferencias para cumplir con compromisos adquiridos con asambleístas del grupo BADI”.
Según su testimonio, fue por este motivo que dispuso a su asesor que insistiera al gerente de BanEcuador, se cumpla con el pago de 10 cheques de USD 40.000 para que sean entregados a Azuero.
“Entiendo que de esos 10 cheques, 2 fueron efectivizados y luego se produjo la detención de mi asesor y se me relacionó con el proceso”.
En presencia de la Fiscal general Diana Salazar, el exlegislador Mendoza justificó su accionar, por presidir una organización política “que siempre buscó atender las necesidades laborales de la provincia”, manifestó que tener cercanía con el legislador Azuero le “iba a permitir ayudar a dar trabajo a una buena cantidad de manabitas”
Mendoza entregó a la Fiscalía la grabación de una conversación con Eliseo A. quién habría reconocido que recomendó el perfil de Jorge Tamayo y haber entregado a colegas de su bancada (BADI) montos en efectivo.
En dicha conversación Azuero habría mencionado a los asambleístas Tello, Maria M. Cuesta y Freddy Alarcón, ademas de sugerir que conversaría con la Ministra Maria Paula Romo y el Presidente de la Asamblea Cesar Litardo.
Acuerdos para elegir a César Litardo
Mendoza contó que cuando la Asamblea se disponía a elegir a sus autoridades (en 2019), se dieron reuniones para buscar consensos y “llegar a tener una elección democrática y justa”, en las que participó el Ejecutivo con ofrecimientos para las diferentes bancadas.
Para apoyar la candidatura del legislador César Litardo, se creó el BADI, liderado por Elizeo Azuero, hoy también procesado en este caso; se ofrecían (a cambio) designaciones en el sector público, dijo Mendoza.
El exasambleísta manabita fue detenido el pasado 5 de junio en Portoviejo por el delito de delincuencia organizada y fue ingresado dentro del Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y Otros Participantes.
