Enrique Pita, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), asegura que en el organismo siempre tuvieron presente el dominio del excontralor, Pablo Celi, antes y durante del último proceso electoral en Ecuador.
En un diálogo en A Primera Hora, de Radio Majestad, Pita explicó que desde el 14 de agosto del 2020, correspondiente a la primera etapa del proceso democrático, las disposiciones del excontralor ya se hacían notar.
En ese mes, Celi dispuso al CNE considerar y vigilar las situaciones legales con respecto a la inscripción y personería jurídica de 4 movimientos políticos: Justicia Social, Podemos, libertad de Pueblo y Fuerza Compromiso Social.
A tales disposiciones, el CNE se pronunció entre el 2 de enero y el 21 de febrero del 2021; expresó que estas organizaciones no pueden ser extinguidas en su actividad jurídica porque ya habían participado en procesos y, de esta manera, habían adquirido derechos.
Pita añade que hasta esa primera etapa las exigencias del excontralor eran adecuadas, pero las disposiciones después de tal periodo «eran inconcebibles». A partir del 12 de marzo del año en curso, el CNE se declaró en periodo de proceso electoral y ante este lapso la ley es clara, no hay autoridad de ningún tipo que pueda interferir en el proceso democrático, asegura Pita.
Sin embargo, entre el 22 de marzo y el 18 de julio el excontralor dispuso dejar sin efecto las inscripciones de los cuatro movimientos mencionados. Al no aceptar el requerimiento, cuatro días después se dispuso que los tres consejeros que no aceptaron las ordenes, debían ser multados y amenazados con la destitución.
El Consejo Nacional Electoral procedió a la eliminación de los 4 partidos políticos, acatando las órdenes de la Contraloría. Pero, tiempo después, el Tribunal Contencioso Electoral declaró que las decisiones tomadas eran improcedentes y dejó con vida a las organizaciones políticas.
El Tribunal Contenciosos y la Corte Constitucional aún se mantiene en procesos para verificar las competencias en la toma de decisiones del CNE y de la Contraloría. Las sanciones, según Pita, se mantienen en el aire.
