Entre enero y marzo de 2026, Ecuador registró 156 homicidios intencionales de niñas, niños y adolescentes, según datos del Observatorio de la Niñez y Adolescencia. La cifra evidencia una realidad alarmante: uno de cada cinco homicidios en el país tiene como víctima a una persona menor de edad, reflejando una crisis que ya no puede verse como un hecho aislado.
La mayor concentración de casos se encuentra en adolescentes entre 12 y 17 años, con 148 homicidios reportados, el nivel más alto registrado hasta ahora. Además, el 93,2% de estos crímenes se cometió con armas de fuego, en un escenario donde, en promedio, un menor muere cada 14 horas. Más de la mitad de los casos se concentran en Guayas y otras provincias de la Costa, donde confluyen economías ilegales, desigualdad social y una débil presencia del Estado.
En este contexto, la niñez deja de ser una etapa protegida y el acceso a derechos básicos como educación, salud y seguridad se convierte en un privilegio. A esto se suma una realidad aún más preocupante: muchas veces estos niños y adolescentes son estigmatizados, señalados como culpables o tratados como adultos dentro del sistema, en lugar de analizar las causas estructurales que los empujan a estos entornos de violencia.
Aunque existen reformas al Código de la Niñez, programas de prevención y cooperación internacional impulsada por organismos como UNICEF, el desafío sigue siendo enorme. La solución no pasa solo por sancionar, sino por invertir en educación, cultura, espacios seguros y oportunidades reales que alejen a los menores de la violencia. Porque si el Estado no llega primero, otros lo harán. Y frente a esto, la sociedad también tiene un rol: informarse, no normalizar la violencia, denunciar y exigir respuestas integrales que realmente protejan a la niñez.