Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ratificaron de forma unánime la medida cautelar de prisión preventiva en contra del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Desde el 17 de mayo, el funcionario público guarda prisión en la Cárcel 4 de Quito por un presunto delito de violencia sexual. Crimen que se habría cometido la madrugada del 16 de mayo en una fiesta clandestina, durante el toque de queda absoluto, en el domicilio del exministro de Salud Pública, Mauro Falconí.
Ante la decisión de la Corte, Carrión deberá permanecer en el centro carcelario al menos por los próximos 12 días que quedan de la instrucción fiscal, abierta el pasado 17 de mayo por el juez nacional, Luis Rojas.
En una entrevista realizada el pasado 19 de mayo, Daniela Valarezo, Intendenta de Policía de Pichincha, explicó a TuVoz.Tv que los involucrados se encontraban en un alto estado etílico, irrespetando el toque de queda. Sin embargo, aseguró que la reunión estuvo integrada por pocas personas, a comparación de otras fiestas clandestinas registradas durante el estado de excepción, por lo que la autoridad procedió a disuadirla.
«La comisaria del sector fue llamada por la alerta de una fiesta clandestina. Cuando llega al lugar se encuentra con una reunión de 3 personas involucradas en una situación delicada; por lo que ella suspendió el evento, permitiendo que la Policía Nacional tome cartas en el asunto por un presunto delito mucho más grave», acotó la intendenta.
Pero el caso también es analizado por otras instancias. El asambleísta Nacional, Fernando Villavicencio, presentó el pasado 1 de junio la información de la investigación en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, a la legisladora Yeseña Guamaní. Ella anunció que se tomará 15 días para presentar una solicitud de interpelación.
Según Villavicencio, Carrión fue encontrado en flagrancia en un hecho de violencia y abuso en contra de una mujer, vulnerando el estado de excepción y el toque de queda absoluto. Además, habría utilizado recursos públicos aprovechándose de su cargo.
Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, entregó la documentación con el objetivo de que se inicie un proceso de juicio político. Debido a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los miembros de la Comisión de Fiscalización no pueden ser interpelantes.
De acuerdo con datos emitidos por el legislativo, el asambleísta entregó un archivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como parte de las pruebas adicionales del caso.
Estos documentos recalcan que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Carrión, nunca observó ni atendió a varias denuncias expuestas por asociaciones que defienden los derechos humanos y la igualdad de género. Mismos que alertarían sobre la presunta contribución del funcionario en hechos de violencia intrafamiliar.
