Este 29 de octubre se cumplió el primer día de la audiencia pública telemática que recoge las 23 demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis del Covid-19.
El Juez sustanciador Alí Lozada escucha a las partes interesadas en probar la incompatibilidad de esta normativa con la Constitución y también a quienes la defienden.
Los principales argumentos tienen que ver con la flexibilidad laboral, que deriva de esta normativa.
El Defensor del Pueblo, Fredy Carrión Intriago, objetó los artículos 16, 17, 18, 19, 20. 21 y 24 de la Ley que tiene vigencia desde el 22 de junio pasado.
Para Carrión, «no cabe la posibilidad de modificar condiciones laborales más favorables de las personas trabajadoras, mediante la aplicación de una norma más restrictiva».
Sylvia Bonilla, asesora legal de la «Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos», también demanda casi la totalidad del capitulo 3 del documento, que según el gobierno contiene medidas para sostener el empleo.
“Demostramos que no son medidas excepcionales pensadas ni para sostener el empleo, ni para palear la crisis, son medidas pensadas para incorporar una agenda que precariza las relaciones laborales» puntualizó.
Entre quienes impulsan estas causas están también el Frente Unitario de Trabajadores, Parlamento Laboral, Unión Nacional de Educadores, Central Unitaria de Trabajadores, entre otros sindicatos.
También representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano, y la Defensoría Pública del Ecuador.
La Ley humanitaria fue expedida en colegislacion del Ejecutivo y la Asamblea por lo que también presentan su defensa delegados del Gobierno y de la Procuraduría General del Estado.
Las intervenciones de los accionantes continuarán este 30 de octubre a partir de las 10:30.
