Camila Muñoz
La Corte Constitucional del Ecuador (CC) admitió el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. El Dictamen N° 1-23-DJ/23, fue aprobado en una sesión extraordinaria con seis votos a favor y tres votos salvados. Sin embargo, el Pleno decidió inadmitir las dos acusaciones relacionadas al presunto delito de concusión, debido a que no cumplen con las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional (LOGJCC); y resolvieron admitir únicamente la acusación relacionada con el presunto delito de peculado. Los jueces Richard Gonzáles y Alí Lozada (presidente de la CC) fueron quienes presentaron el dictamen de la Corte, y contaron con el respaldo de Daniela Salazar, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas y Karla Andrade.
En un comunicado, el máximo órgano constitucional del Ecuador, indicó que la decisión cuenta, con tres votos salvados, emitidos de forma individual por las juezas Teresa Nuques Martínez y Carmen Corral Ponce y el juez Enrique Herrería Bonner, quienes “con su propia argumentación, se apartaron de la decisión de mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República es inadmisible por no cumplir con los requisitos contemplados en la Constitución y la LOGJCC”.
La Corte Constitucional consideró que en el trámite de la Asamblea Nacional “se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso”, sin embargo, llamó la atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional “por falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional.”
La oposición
Los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (expulsada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (de una facción de Izquierda Democrática), quienes conforman la alianza opositora, fueron los que acusaron al primer mandatario de supuesta concusión y peculado. La solicitud que presentaron a la Corte Constitucional, de juicio político a Lasso, se envió con el respaldo de 59 firmas de asambleístas.
Tras el dictamen de admisibilidad parcial para el enjuiciamiento político del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional, se generaron varias reacciones de los miembros parlamentarios quienes se pronunciaron; entre ellos, Viviana Veloz (UNES), en su cuenta de Twitter expresó “La @CorteConstEcu se ha pronunciado. Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea. No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano. ¡Esto es por ustedes! ¡La bancada @BancadaUNESec jamás los abandonará!”
Por su parte, Mireya Pazmiño (apartada de Pachakutik), en un comunicado indicó que “junto a la CONAIE y las organizaciones sociales, no nos cansaremos de repetir que el principal problema de Ecuador es Guillermo Lasso, que con su ineptitud, apatía, arrogancia y mitomanía han llevado al país a enfrentar una crisis económica y social que alimenta la inseguridad y pretende poner a la sociedad de rodillas frente a las mafias delincuenciales y narcotraficantes”.
Rechazo del Gobierno Nacional al juicio político
La Secretaria General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que señalaron que “rechazan el juicio político, respetan la decisión de la Corte y ratificaron la inocencia del presidente”. De igual manera, aclararon que la decisión de la CC, no válida los argumentos planteados por la legislatura en contra del primer mandatario y que el planteamiento de la Asamblea nunca tuvo sustento jurídico, ni político.
Además, indicaron que, como es de conocimiento público, el informe desde un inicio ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores. No obstante, expresaron que “las inconsistencias en los argumentos de este juicio, no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes ecuatorianos”.
¿Qué sucede después del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional?
El proceso establece que el trámite retorna a la Asamblea Constitucional, en el que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene exactamente tres días para dar a conocer la resolución y posterior a esto enviarla a la Comisión de Fiscalización.
Luego, la Comisión de Fiscalización tiene 45 días para dar a conocer las pruebas que sustentes las supuestas acusaciones del primer mandatario. Después, se presentará un informe que no es vinculante en el Pleno de la Asamblea.
Es necesario dar a conocer a la ciudadanía que, para que se pueda destituir al presidente de la República, la Ley dicta que es necesario alcanzar los 92 votos de aprobación de 137 asambleístas.
