Redacción: María Emilia Vaca/ @MaraEmiliaVaca1
«Frente Cívico de Perjudicados de la Contraloría», es el nombre del colectivo que, el pasado lunes 11 de enero, hizo pública su denuncia penal ante la Fiscalía, contra en contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, por presunto tráfico de influencias.
La denuncia contra el Contralor nace del desvanecimiento de una glosa de USD 122 millones, que favorece al grupo Conecel», para obtener la tecnología 4,5 G en el Ecuador. De acuerdo con lo mencionado por Alejando Rodas, jurista y vocero de dicha organización, durante su intervención en el programa «A Primera Hora», transmitido por Radio Majestad.
Rodas indicó que, la auditoría realizada en el año 2017 y 2018, fue aprobada con responsabilidad civil por la cantidad mencionada. Pero en la fase de predeterminación y emisión de la resolución, fue eliminada dicha glosa millonaria.
El vocero, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, como representante del frente y único responsable, en torno a un visión jurídica.
Sobre el delito de Tráfico de Influencias el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 285, señala que:
“Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
