Cada 21 horas, una mujer o niña es asesinada en Ecuador. No son cifras, son vidas arrancadas, sueños interrumpidos, familias destruidas. Desde enero hasta el 15 de marzo de 2025, al menos 82 mujeres han sido víctimas de feminicidio, según la Aldea, Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. 28 de ellas eran madres, dejando a 42 niños en la orfandad. Ocho desaparecieron antes de ser halladas sin vida, cuatro fueron abusadas antes de ser asesinadas.
La violencia sigue escalando y cada vez afecta a mujeres más jóvenes. En 2022, la edad promedio de las víctimas era 29 años; en 2025, apenas 19. La crueldad también aumenta: el 73% de los feminicidios se cometieron con armas de fuego, una cifra alarmante que supera el 62% del año anterior.
No es casualidad, no es un hecho aislado. Es una crisis profunda que sigue cobrando vidas. Las familias quedan rotas, los huérfanos crecen con una ausencia imposible de llenar. Cada feminicidio no es solo una tragedia personal, es un fracaso colectivo.
Urge un cambio. Urge que la violencia contra las mujeres se reconozca como la emergencia nacional que es. Porque no basta con contar las víctimas, hay que impedir que haya más. Es momento de actuar.
