Este 17 de noviembre la Asamblea Nacional instaló la sesión número 740 para conocer y debatir el informe sobre la crisis carcelaria, que fue aprobado por la Comisión de Seguridad. El pleno se instaló a las 10h35 de la mañana con la presencia de 127 asambleístas.
El informe contiene 52 conclusiones y 76 recomendaciones sobre la situación carcelaria del país desde el año 2016. Allí se recogen temas como políticas públicas de rehabilitación social, sistema de seguridad, presupuesto, inteligencia penitenciaria, entre otros.
Ramiro Narváez, presidente de esta comisión, aseguro en una entrevista con Teleamazonas, que no se puede responsabilizar permanentemente al pasado por lo que sucede hoy en día. Añadió que las bandas criminales que operan al interior de la penitenciaría no son los únicos responsables de la masacre registrada el viernes pasado.
“Eso no tiene nada que ver con la debilidad estructural del sistema de rehabilitación social, con la inoperancia de la Secretaría de Derechos Humanos; con la ausencia del directorio del organismo técnico; la indolencia que ha tenido el sistema judicial; reducción permanente de los presupuestos; descuido en la infraestructura. Es decir, los dos problemas se complementan” mencionó Narváez.
Aclaró que los legisladores están listos para continuar con el procesamiento de las leyes, pero que exigirán mayor acción por parte del Ejecutivo.
Informe de UNES
Sin embargo, este no es el único informe que se envió al pleno legislativo. Los asambleístas pertenecientes a la bancada de UNES elaboraron uno de minoría en el que se toma en cuenta la situación carcelaria desde el 2017, año en el que terminó el mandato de Rafael Correa y lo asumió Lenin Moreno.
Ante ello, el asambleísta de Creo, Jorge Pinto, dijo que le sorprende que lo hayan elaborado. “Aquí nadie está reuniendo responsabilidades. Esto es una responsabilidad del Estado y de todas las instituciones judiciales, legislativas y por supuesto los gobiernos que han venido pasando durante todos estos años” acotó.
El informe de la comisión, responsabiliza a los ministros de Justicia, secretarios de Derechos Humanos, directores del SNAI, Judicatura, entre otros funcionarios del Estado por la gravedad de la situación.
“No ha existido hasta el momento política pública de Rehabilitación Social integral, articulada al Plan Nacional de Desarrollo; y con objetivos, políticas, metas e indicadores concretos, monitoreables y evaluables que permitan evidenciar los avances en materia de rehabilitación social” reza el documento.
Finalmente, los legisladores proponen realizar un censo para tener estadísticas nacionales del sistema carcelario. Allí deberán constar datos de los presos como: peligrosidad, status familiar, condición socioeconómica, entre otros. Asimismo, se solicita a la Contraloría General del Estado que realice exámenes especiales a los procesos de contratación del SNAI y Ministerio de Justicia que se realizaron durante los Estado de Excepción desde el 2016.
Se prevé que la lectura, debate y aprobación del informe se alarguen durante todo el día debido a su magnitud.
