La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanzará el lunes 19 de octubre de 2020 con la revisión de las observaciones planteadas en el Pleno de la Asamblea Nacional al informe del proyecto del cuerpo legal ‘Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado’, conocido como Ley de Extinción de Dominio (LED).
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicó este viernes 16 de octubre que la LED buscará reducir la capacidad operativa de la delincuencia organizada para afectar las fuentes que financian sus actividades ilícitas.
Entre sus observaciones, Salazar dijo que la LED es un juicio en contra de los bienes y no en contra de las personas. “Lo que se desea comprobar es la contaminación del bien con el delito”, afirmó la fiscal.
De su lado, Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, manifestó el pasado 14 de octubre de 2020 que la promulgación de este cuerpo legal es “una deuda pendiente” que el Estado ecuatoriano tiene contra el crimen organizado, pues este instrumento es “indispensable” para aplicar la persecución de toda clase de activos derivados de la actividad criminal.
¿Qué propone la Ley de Extinción de Dominio?
En el proyecto, se establece la creación de jueces y juezas especializados. Ante este último planteamiento, el titular de la Comisión, Raúl Tello, preguntó a Salazar qué alternativas podrían existir puesto que si se aprueba la Ley no habrá operadores actuales de Justicia para que hagan operativa la norma.
La Fiscal respondió que se podría incorporar una transitoria para que en un plazo de seis meses la Fiscalía General del Estado (FGE) capacite a funcionarios y al personal que estará a cargo de las investigaciones.
La LED propone que se efectúen procesos judiciales no sobre las personas procesadas, sino sobre los bienes que no pueden ser justificados; en delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
