Esta semana, en Ecuador se recuerda la paralización comercial y protestas sociales que sacudieron al país entre el 2 y 13 de octubre de 2019 , en el marco del rechazo al Decreto Ejecutivo 883, que propuso la eliminación de los subsidios a combustibles, que fue posteriormente derogado el domingo 13 de octubre.
En entrevista para el programa ‘A Primera Hora’, transmitido por Majestad Radio, el presidente del Movimiento Indígena Cotopaxi, Leonidas Iza, señaló este lunes 5 de octubre de 2020 que el pueblo ecuatoriano “aprendió mucho”; sin embargo, la clase política no.
“En el transcurso del año, hemos visto como el Gobierno nacional, la clase política y la clase empresarial que no está dispuesta a pagar impuestos en este país se aprovecharon de la pandemia, en lo más doloroso, para reiteradamente empujar a una política neoliberal”, manifestó Iza.
Para el líder indígena, el pueblo ecuatoriano volverá a las calles si se profundizan las políticas que solo favorecen a los grandes empresariales, dijo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) investigó a Iza por sus nexos en el levantamiento nacional indígena y por el delito de secuestro de policías y periodistas, ocurrido en el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, el 10 de octubre.
Ante ello, expuso que “cómo es posible que la clase política que profundizó los racismos, la violencia y llamaron a decir en medios ‘delen palo’. Eso fue enfrentar pueblo contra pueblo. Lo hemos dicho claro, a los compañeros que perdieron la vida, si de eso no tenemos respuesta, lo llevaremos a organismos internacionales”.
Para el analista político, Mateo Martínez, doce meses después de las protestas el Ecuador enfrenta igualmente fuertes momentos como la pandemia por covid-19 y medidas económicas.
La crisis sanitaria confirma “un país devastado y sin condiciones”, afirmó Martínez. El experto cree que hasta octubre de 2020 ha existido un manejo “desastroso” de la economía nacional por parte del Gobierno nacional.
“La explicación no está solamente en el tema de la pandemia. Si ya en 2019 había un fuerte descontento popular en los sectores urbanos-populares, ahora está que bulle, contenido por la pandemia. Esto nos dice que el ciclo de octubre 2019 no se ha acabado. Eso se va a reactivar, sin duda”, apuntó.
En ‘A Primera Hora’, también participó Carlos Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Las días de las protestas dejaron pérdidas económicas por $1.200 millones; ante ello, exhortó a que los subsidios se deben analizar nuevamente y que no se afecten los intereses de los sectores más vulnerables.
Cronología de los hechos
A finales de septiembre del año pasado, iniciaron las protestas en la provincia del Carchi, de parte de sectores comerciales que consideraron “abandono” por parte del Gobierno nacional.
Posteriormente, el 1 de octubre, el jefe de Estado ecuatoriano Lenín Moreno varias medidas económicas, entre las que se mencionaba la liberación del precio del diésel, la gasolina extra y ecopaís.
A partir de allí, se registraron protestas, saqueos y actos delictivos en todo el país, con ello; el Ejecutivo declaró estado de excepción.
La Defensoría del Pueblo levantó en enero de 2020 un informe con un listado de 11 fallecidos, mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contabilizó nueve.
El Ministerio de Gobierno reportó al menos la aprehensión de 1330 personas, unos 435 policías heridos y 132 bloqueos de carreteras.
Fue el 13 de octubre de 2019 cuando en una reunión entre el Gobierno nacional y la Conaie, mediada por la ONU, se firmó la derogatoria al Decreto 883 con el Decreto 894, sobre la eliminación del subsidios a combustibles.
El dato:
La ciudad de Quito perdió hasta $ 110 millones diarios en afectaciones al comercio y la productividad durante las protestas.
Se contabilizaron al menos 131 periodistas que fueron agredidos.
Se registraron agresiones a unos 200 agentes de tránsito que intentaban habilitar la circulación en las vías.
La Contraloría General del Estado recibirá $13.017.568 de indemnización tras los daños registrados en sus instalaciones tras la toma por parte de protestantes y vándalos.
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