La Fiscalía General del Estado (FGE) inició este lunes 28 de septiembre de 2020 la protección necesaria a uno de los magistrados, Ronald Guerrero, que conoce los procesos investigativos que se siguen contra el ciudadano Jacobo B. P, tras recibir amenazas contra su vida.
La amenaza fue realizada por tres individuos extranjeros, para que el juez “revoque la medida, la cambie o se atenga a las consecuencias”, indicó la FGE.
Jacobo fue vinculado este 27 de septiembre a delincuencia organizada, caso en el que está involucrado el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito y dos extranjeros de origen israelí.
Ante ello, la Fiscalía activó los Protocolos del Sistema Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt) que permitirá salvaguardar la integridad del funcionario como de los demás que forman parte de los casos.
“La Fiscalía rechaza, de manera enfática, cualquier intento de intimidación o amenaza en contra de los operadores de Justicia, cuyas actuaciones, enmarcadas siempre en la Constitución y la ley, coadyuvan en el combate contra la corrupción y la impunidad”, indicó la FGE en un comunicado.
Jacobo también es investigado por otros dos presuntos delitos: tráfico de bienes patrimoniales (junto a su padre, Abdalá) y asociación ilícita (junto a sus hermanos Abdalá B. P. y Michele B. P.).
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