El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), confirmó la sentencia en contra de Alejandro Rodas Coloma, por violencia política en contra de Jessica Jaramillo, por lo que tenía un plazo de treinta días para pagar una multa de USD 8.000,00 y también se le impuso una prohibición de ejercer cargos públicos durante un período de dos años, sin embargo, esta sentencia no se ha cumplido.
El portal tuvo la oportunidad de hablar con Jessica Jaramillo, quien indicó que dicha sentencia no se ha cumplido, puesto que, actualmente Rodas no ha cumplido con el pago de la multa económica y todavía sigue dando clases en la Universidad Central del Ecuador a pesar de que no puede ejercer cargos públicos durante un período de dos años.
Indicó que solicitará al TCE que se constate el pago de la multa y en caso de que no se haya cancelado, pondrá en conocimiento de la Fiscalía general del Estado, para iniciar las acciones legales pertinentes. “En este proceso Alejando Rodas podría estar incurriendo en el delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, por lo tanto esto podría transformarse ya en una causa penal”, agregó.
Jaramillo destacó que la resolución del TCE tiene un significado importante para todas las mujeres políticas. Al sentar un precedente condenando la conducta violenta y agresiva de Rodas Coloma, se envía un mensaje claro de que los actos de violencia de género no serán tolerados en el ámbito político. Esta decisión refuerza la importancia de proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres en posiciones de liderazgo.
Por otra parte, Jessica Jaramillo reveló al portal que el 2015 fue secuestrada en Esmeraldas y sufrió violencia física, psicológica y sexual, por lo que solicitó una cita con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir justicia, dado que, en el Ecuador, su caso no fue investigado e incluso fue archivado.
“Pese a que existían examen médico legal, allanamientos con parte policial, testigos de los hechos, en fin todos los elementos para investigar, el fiscal se guardo el caso 18 meses, no investigó, nunca buscó a los responsables pese a que habían datos para identificarlos, se perdieron las muestras de ADN del examen médico legal”, detalló Jaramillo.
Jessica indicó que lo que busca con esto es que se haga justicia y que el Estado ecuatoriano tenga la obligatoriedad de investigar su caso. Acabando de esta manera con la impunidad que existe en el sistema judicial del país y marcando un precedente para todas las mujeres víctimas de violencia y que sus casos no hayan sido investigados.
