En el cementerio Camposanto Parque de La Paz, del cantón Daule se realiza la exhumación de 45 cadáveres que fueron sepultados durante los primeros meses de la emergencia sanitaria en Guayaquil. Se trata de personas que fallecieron en el Hospital del IESS de Los Ceibos.
La Fiscalía en conjunto con Peritos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encargarán de verificar si se encuentran correctamente inhumados, etiquetados con los nombres y si tienen algún código que permita identificarlos por el hospital.
«Se escogió el Hospital Ceibos para esta inhumación porque de las investigaciones realizadas se establece que el contenedor que remitió el Hospital Ceibos al cementerio la Aurora presuntamente los cadáveres estaban mal identificados«, indico Luis Rosero, fiscal de la Fuerza de Tarea Conjunta a cargo de la investigación.
Rosero informó que anteriormente ya se han hecho otras exhumaciones en varios cementerios que corresponden a fallecidos de diferentes hospitales.
En total son 51 a los que se sumarán 6 órdenes judiciales más para exhumar cadáveres que fueron sepultados en el Cementerio de Pascuales. Estas exhumaciones se realizarán la próxima semana.
«El objetivo es comprobar la identidad de los cadáveres, ya que fue el hospital Ceibos que realizó la inhumación, no participó equipo técnico de Medicina Legal. El fiscal tienen dudas por que ha habido inconsistencias en la información», explicó Freddy Herrera, Coordinador del Servicio de Medicina Legal.
Los peritos analizarán los cadáveres para determinar las características: Estatura, edad, sexo, forma en la que estaba vestida. Finalmente se tomará una prueba de ADN para su identificación.
Además del Hospital IESS Ceibos, la Fiscalía también investiga el manejo de cadáveres en los Hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Guasmo Sur, por lo que las exhumaciones podrían ampliarse a otros cementerios.
Han pasado 8 meses desde que empezó la pandemia en Ecuador y aún hay 41 cadáveres desaparecidos en Guayaquil.
«Lo importante es lograr ubicar a todos los cadáveres», señaló el fiscal Rosero.
El delito que se investiga es Incumplimiento de decisiones legitimas de autoridad competente, la sanción es de 3 a 5 años de pena privativa de libertad.
