La Fiscalía general del Estado informó que la vicepresidenta Verónica Abad será vinculada al caso Nene, en donde su hijo es investigado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias. La entidad indicó que, el caso pasará a ser analizado por un juez de la Corte Nacional de Justicia, debido a que Abad tiene fuero de corte.
A través de un video publicado en las redes sociales de la Fiscalía, Carlos Alarcón, agente a cargo del caso Nene indicó que, en medio de la instrucción fiscal por presunta oferta de realizar tráfico de influencias, se han ordenado varias diligencias, como la ampliación de la versión del denunciante, que habría sido contratado por disposición directa de la Vicepresidenta de la República.
Una vez que el nuevo Fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional asuma el caso, este tendrá que solicitar a la Corte Nacional de Justicia día y hora para la vinculación de Abad al proceso penal. Una vez que esto suceda la investigación se prolongará 30 días más para poder continuar con las investigaciones pertinentes al caso.
Si Abad es procesada por cohecho o concusión, en la Asamblea se puede pedir su juicio político, lo que conlleva la pérdida del cargo. El artículo 129 de la Constitución lo faculta cuando el Presidente o Vicepresidente incurre en delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y otros contra los derechos humanos.
El caso Nene
La madrugada del 22 de marzo las autoridades detuvieron a Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Abad. Según la Fiscalía, Barreiro habría ofrecido un cargo en la Vicepresidencia a cambio de dinero. Según el relato del denunciante, que consta en el expediente, él habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República en diciembre de 2023.
El perjudicado se habría reunido con Sebastián Barreiro y otra persona, y los dos presuntamente le ofrecieron un puesto de trabajo (Coordinador General) dentro del servicio público, con un sueldo de USD 3.200 dólares. No obstante, de ese monto, la víctima debía entregar aproximadamente USD 2.000 dólares a Barreiro.
Tras la formulación de cargos, Barreiro estuvo preso en la Cárcel de La Roca, en Guayaquil. Pero, tras pagar una caución de USD 20.000 fue liberado. El 3 de junio, Abad fue llamada a rendir versión por el caso, sin embargo, la funcionaria se acogió al derecho al silencio, ya que la Fiscalía se negó a aclarar si fue convocada en calidad de testigo o sospechosa.
