La violencia contra las mujeres en el ámbito político se ha convertido en algo cotidiano, pues ahora la actual viceprefecta del Carchi, Verónica García, denuncia falta de funciones asignadas por parte del actual prefecto, Julio Robles, impidiendo claramente que cumpla con el ejercicio de sus funciones propicias de su cargo.
De acuerdo al artículo 280 del Código de la Democracia violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o un grupo de personas directa o indirectamente contra las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender impedir o restringir su accionar en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
Además, se sanciona la violencia política de género como infracción electoral grave, pues según el artículo 279 del Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de los derechos de participación desde dos a cuatro años. Numeral 14 incurrir en actos de violencia política de género.
La Red de Mujeres Amazónicas destacó que las mujeres agredidas se endeudaron por USD 40,8 millones con familiares, vecinas o conocidas; para enfrentar los gastos de la violencia como: servicios médicos, legales y de protección. Demostrando la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres para enfrentar temas de violencia política.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como ente regulador señala que hasta el momento hemos recibido un total de 18 causas interpuestas sobre violencia política de género, ocho superaron la etapa de admisibilidad; y, en seis de ellas se sancionó a quienes violentaron los derechos de las mujeres en participación política.
