La mañana del 10 de mayo, cientos de usuarios del servicio de transporte público esperaron en largas filas por unidades que no llegaron. Poco más de 30 operadoras, de las 62 rutas que existen en el distrito metropolitano, suspendieron sus actividades ante el caso omiso que el Gobierno hizo a sus pedidos.
La semana pasada, la Cámara de Transporte de Quito solicitó al presidente, Lenín Moreno, congelar el precio de los combustibles. Los transportistas aseguran que desde hace varios años trabajan a pérdida. Y, actualmente, sus egresos se han incrementado considerablemente por el alza del diésel.
Según el presidente del organismo, José Santamaría, el aumento del combustible representa un 45% del costo de sus operaciones y que el valor actual del pasaje, que es de $0,25, no cubre los gastos del servicio.
Luego de la medida de hecho, que según Santamaría “no es un paro, sino una suspensión pacífica de actividades”, que se hace por voluntad propia, numerosas vías de la capital registraron mayor tránsito de vehículos particulares. Mientras usuarios reportaron que taxis legales e irregulares ofrecían sus servicios a precios más elevados.
Ante ello, la Empresa Municipal de Transporte informó que conservará activos los servicios de Trolebús y Ecovía, así como las unidades alimentadoras. Se mantendrán las rutas y horarios establecidos, y su costo no sufrirá variaciones.
