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domingo, marzo 30, 2025
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Relatora de la ONU reacciona con «preocupación por sanción a vicepresidenta Verónica Abad

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La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, fue sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa económica. La decisión, emitida el 24 de marzo de 2025, responde a una denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien la acusó de ejercer violencia política de género. No obstante, el TCE aclaró que esta sanción no implica su destitución, pues la Constitución establece que solo la Asamblea Nacional puede cesar a un presidente o vicepresidente mediante juicio político.

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La sanción contra Abad ha generado reacciones internacionales. La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, expresó su preocupación a través de la red social X#ComfortSegredos

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El presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, reaccionó a la sanción de Abad con declaraciones contundentes. En un acto público el 26 de marzo, anunció el inicio de su campaña para la segunda vuelta electoral y descartó delegarle funciones a su vicepresidenta. «Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran que salga a territorio, o quieren que le encargue a una traidora, que ya está destituida, por si acaso, el cargo de la Presidente de la República», afirmó Noboa, generando controversia sobre su interpretación de la decisión del TCE.

La sanción contra Abad también ha generado reacciones internacionales. La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, expresó su preocupación a través de la red social X. En su mensaje, advirtió sobre los riesgos de una interpretación extensiva de la violencia política de género para sancionar a figuras públicas, especialmente cuando esto restringe el ejercicio del poder a mujeres electas. También recordó que en febrero ya había manifestado su alarma por las denuncias de acoso y persecución política en contra de Abad.

Alsalem enfatizó que, en este caso, no se ha demostrado un daño real ni una afectación en el ejercicio de funciones públicas, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad de la sanción. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el uso de normativas de protección de género en la política y el riesgo de su aplicación con fines políticos. En Ecuador, el tema sigue generando divisiones en medio de la campaña electoral.

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