El pasado 5 de noviembre la Comisión de Garantías Constitucionales emitió un informe de 312 páginas sobre el caso Pandora Papers. Allí se determina que el presidente Guillermo Lasso habría incumplido la Ley de Pacto Ético aprobada en 2017. El documento debe ser analizado por los 137 legisladores y en caso de que sea aprobado podría dar paso a un procedimiento de destitución en contra del Jefe de Estado.
Entre las recomendaciones de esta mesa legislativa, se sugiere «grave conmoción interna» de acuerdo a lo establecido en el artículo 130.2 de la Constitución, por afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales.
En el informe además, se solicita al Pleno de la Asamblea Nacional que apruebe una resolución para que el primer mandatario comparezca ante los 137 legisladores en un plazo máximo de 8 días; que se levante la reserva de toda la información catalogada como reservada por las instituciones del Estado relacionadas a las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso que estén vinculadas a Lasso. Finalmente, recomiendan llamar a juicio político a las autoridades que no comparecieron ante la comisión.
Reacciones
El informe ya ha generado varias reacciones no solo de los propios legisladores, sino también de las autoridades de Gobierno. El pasado 6 de noviembre el Gabinete Ministerial emitió un comunicado rechazando las acusaciones de la comisión.
“Este grupo de Asambleístas, liderado por el correísmo, elaboró un documento sin sustento legal, ni argumentos lógicos (…) Este absurdo evidencia las intenciones desestabilizadoras de este sector político” indica el comunicado. Añade que las intenciones de este grupo de legisladores, quienes son parte de UNES Y Pachakutik, son destituir a todas las autoridades de control.
“Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que deseche este informe absurdo, inconsistente y solamente útil para los intereses de desestabilizadores y golpistas” finaliza el documento.
Opinión que es compartida por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien asegura que el único objetivo de dicho informe de mayoría es destituir al primer mandatario. “Ese informe no tiene documentos. ¿Cómo se ha verificado si no tienen un solo documento de Pandora Papers?” mencionó el Asambleísta.
Añadió que en los documentos filtrados también aparecen nombres de “grandes amigos del correísmo” que hasta ahora no han sido investigados. Razón por la cual, emitirá un informe en los próximos días sobre los Pandora Papers.
María Fernanda Astudillo, legisladora integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, dice que existen más de 500 documentos que probarían que Guillermo Lasso mantenía relación indirecta con empresas en paraísos fiscales. Esto pues el traspaso de la empresa Banisi International Foundation se hizo a sus hijos.
Posibles Escenarios
Tras el informe, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (PK), deberá convocar al Pleno a los 137 legisladores, los cuales podrán aprobarlo con 70 votos. De obtener la votación necesaria, se podría iniciar un proceso de destitución, más conocido como muerte cruzada, en contra de Lasso.
De acuerdo al abogado constitucionalista, Ismael Quintana, existen dos posibles escenarios para el país. El primero es que los legisladores aprueben la destitución del mandatario y, en dicho caso, será el Vicepresidente quien asuma el poder. Este se mantendrá hasta que se convoque a un nuevo proceso de elecciones en donde se escogerá tanto a nuevos legisladores como al Presidente.
Sin embargo, aclara que primero se deberá probar que el mandatario incumplió con dicha ley, pues hasta ahora en el informe solo se habla de supuestos.
A la par, el Presidente también tiene la opción de aplicar la muerte cruzada a la Asamblea incluso antes de que los legisladores. Lasso solo necesita firmar un decreto ejecutivo en el que se demuestre grave conmoción interna u obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo.
En este caso, la Asamblea Nacional cesará en funciones inmediatamente y el primer mandatario gobernará mediante decretos. Esto hasta que se llamen a elecciones anticipadas. Según Quintana, cualquiera de estos dos escenarios podría tardar de 4 a 5 meses.
En el legislativo al momento existe una nueva mayoría oficialista.
