Con seis votos a favor, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe de mayoría sobre el caso Pandora Papers este 5 de noviembre. Allí se determina que el presidente Guillermo Lasso habría incumplido la Ley de Pacto Ético aprobado en 2017 lo que supondría que, al momento de inscribir su candidatura, todavía mantenía vínculo directo con empresas en paraísos fiscales.
El documento se aprobó sin debate y con los votos favorables de: José Cabascango, Edgar Quezada, Mario Ruiz (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (UNES). Mientras Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela (BAN) votaron en contra y Sofía Sanchez (Pachakutik) se abstuvo. Con esto concluye la investigación del caso en dicha mesa legislativa.
Recomendaciones
Entre sus recomendaciones el informe se determinó que, de acuerdo al artículo 130 numeral 2 de la Constitución, ante las graves violaciones al Código de la democracia; y a la continuada violación del artículo 4 de la Ley del Pacto Ético, “el incumplimiento constitucional del Presidente de la República por grave crisis política, conmoción e inobservancia interna del mandato popular sobre paraísos fiscales”.
Además, se solicita al Pleno de la Asamblea Nacional apruebe una resolución para que el primer mandatario comparezca ante los 137 legisladores en un plazo de 48 horas. Asimismo, piden que se levante la reserva de toda la información catalogada como reservada por las instituciones del Estado relacionadas a las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso que estén vinculadas a Lasso.
Otros informes
Sin embargo, este no es el único informe que se enviará al Pleno. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció que el próximo miércoles remitirá un documento sobre una investigación desarrollada sobre los Papeles de Pandora y su presunta vinculación con el Ejecutivo.
A la par, un informe de minoría fue presentado por los legisladores Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela, en el que se recomienda el archivo de esta investigación. Mismo que también será enviado al Pleno.
La comisión remitirá esta información al Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Bancos, la Fiscalía y Contraloría General del Estado.
