El presidente de la república Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo No. 730 con el que instruye al sector seguridad dar cumplimiento a la resolución del COSEPE, del 27 de abril, donde se declaraba al terrorismo como amenaza de Estado. En el documento se estipula disponer a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional.
El decreto presidencial cuenta con varios artículos aprobados:
Artículo 1.- Disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas; aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la vigencia plena de la Constitución y el Estado de derecho.
Artículo 2.- Ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar, de manera inmediata, las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.
Artículo 3.- Disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad
Artículo 4.- El Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos necesarios para atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 5.- Exhortar a todas las funciones del Estado para que de manera coordinada apoyen en la lucha contra el terrorismo respetando la independencia de poderes.
Asimismo, el documento ratificó que de la ejecución del decreto se debe encargar la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.
