Con nueve votos afirmativos la Comisión de Fiscalización y Control Político, aprobó el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea proceda con el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, auspiciado por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, así como determine su correspondiente censura y destitución, por incumplimiento de funciones. Se registraron, a más de los nueve votos afirmativos, el pronunciamiento en contra de Franco Romero y la abstención de Noralma Zambrano.
En el documento, que contiene 84 páginas, se determinó que la ministra de Gobierno, incumplió sus funciones al “disponer, con conocimiento, la utilización de equipamiento de dotación y demás materiales que se encuentren en mal estado o caducados.”
En el informe se concluyó que, del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, “se comprueba que durante el paro de octubre de 2019, la Policía Nacional sí utilizó bombas caducadas para el control de las manifestaciones“. Los interpelantes presentaron los testimonios de dos investigadores extranjeros, quienes en entrevistas en medios digitales y en videos exponen que las bombas, luego de su fecha de caducidad, independientemente de su almacenamiento, sufrirían cambios químicos que las convertirían en “armas letales”, tanto para los manifestantes como para los miembros de la Policía Nacional.
Sobre el lanzamiento de bombas hacia los predios de las universidades Católica de Quito y Politécnica Salesiana, independiente de cómo se califique el rol que cumplían en ese momento las dos universidades, constituyó un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables. Por tanto, hay los indicios suficientes para recomendar el juicio político a la ministra, pues como rectora de la Policía Nacional, de conformidad con lo determinado en los artículos 63 y 64 del Coescop, incumplió con normas establecidas en la Constitución de la República y con principios de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Comisión acogió únicamente dos de las causales establecidas por los interpelantes que configuran el incumplimiento de funciones, pues se deja a salvo su responsabilidad por la tardía convocatoria al Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, ya que no es parte de sus competencias como Ministra de Gobierno.
La Ministra de Gobierno se pronunció en sus redes sociales. En su cuenta de twitter escribió: En @FiscalizacionAN se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de estado. Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Yo, seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, deberá definir cuándo se convocará al pleno para el juicio político. Se necesitan 91 votos para la censura y destitución de la Ministra Romo.
