La inestabilidad política no solo afecta a la economía del país, sino también a la niñez ecuatoriana, pues la disolución de la Asamblea Nacional, interrumpió la elaboración del Código de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que lleva discutiéndose desde 2019. Esta normativa es fundamental para actualizar, fortalecer y articular las políticas públicas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, definidos como una población de atención prioritaria en el país.
De acuerdo a las estadísticas de la fundación Aldeas Infantiles SOS, en Ecuador 4. 3 millones de habitantes son niñas, niños y adolescentes, esto representa el 24,5% de la población a nivel nacional, de los cuales 4 de cada 10 niños y niñas reciben castigo físico por parte de sus padres y 6 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niños, niñas y adolescentes.
Otro de las problemáticas que no ha tenido solución por parte de las autoridades es el trabajo infantil, pues 7,1% de menores de 18 años se ve obligado a trabajar. En cifras de 2022, cerca de 300.000 niñas, niños y adolescentes trabajaban en Ecuador. El Estado a descuidado esta importante esfera social, pues la niñez y adolescencia son el futuro del país, y no se está trabajando en pro de sus derechos y su futuro.
La inseguridad, difícil acceso a la educación, salud y servicios básicos son el escenario que marca hoy por hoy la realidad de niñas, niños y adolescentes. Además, un estudio reciente realizada por la Red Nacional de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Wamprakunapak Yuyaykuna, con el apoyo de World Vision Ecuador y del Ministerio de Educación, ha evidenciado que el 12 % de los niños y adolescentes del país, se sienten estresados, el 6 % cansados y el 2 % tristes, indicando que a escala mundial, la salud mental de niñas, niños y adolescentes se encuentra en una situación preocupante.
