A través de una herramienta de inteligencia artificial, el gobierno identificó casos de personas contagiadas con COVID-19 que rompieron su aislamiento. Ante esta situación, la ministra de Gobierno, Maria Paula Romo, informó que se ha procedido a elaborar los informes para que la Fiscalía General empiece con los procesos penales respectivos. Los infractores podrían ser sancionados con tres años de cárcel por el “delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente”, al poner en riesgo la vida de la población. La ministra, además, explicó que -una vez superada la emergencia sanitaria- se cobrarán las multas a quienes incumplieron la restricción de circulación. Esto se hará mediante las cuentas de los servicios básicos o a través de un mecanismo de coactiva.
El presidente Lenin Moreno, en días pasados, durante una cadena nacional explicó cómo funciona la herramienta tecnológica y la cantidad del personas que dejan el Aislamiento Provisional Obligatorio.
