La Asambleísta Gissela Garzón representante de la bancada de Revolución Ciudadana ingresó la solicitud formal en la Asamblea Nacional para un juicio político contra la Fiscal Diana Salazar, y dirigida al presidente del Legislativo, Henry Kronfle. Así lo dio a conocer la legisladora a través de su cuenta de X.
El documento está firmado por la asambleísta y con el respaldo de unos 51 legisladores. «La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional», expresó Garzón.
Además, en declaraciones previas, Garzón sostuvo que las razones de un posible juicio político se centrarían en la actuación de la Fiscal en casos emblemáticos de corrupción y las acciones tardías en denuncias públicas relacionadas con investigaciones del caso Encuentro, León de Troya, entre otros.
La Fiscalía se pronunció sobre el hecho argumentando que “esta Institución considera que este proceso carece de los fundamentos requeridos para aplicar esa figura de fiscalización, y que se lo plantea como un acto que busca la impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal”.
Por su parte la fiscal Salazar se pronunció a través de su cuenta de X: “finalmente, aunque de nuevo sin sustento, pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron”, señaló la fiscal. Además, la asambleísta de de Gente Buena María Teresa Pasquel, rechaza la solicitud de juicio político en contra de la fiscal.
Esta no es la primera vez que se busca enjuiciar a Salazar, pues en abril de 2023, el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, pidió a la anterior Asamblea un juicio político por supuestamente incumplir funciones y no investigar los casos de abuso durante las protestas de 2019. Además, antes de instalarse la Asamblea actual, el propio expresidente Correa había mencionado que el enjuiciamiento a Salazar era una de las prioridades de la bancada correísta y que incluso era parte de un acuerdo con otros partidos como el PSC, algo que luego los socialcristianos desmintieron.
