Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad y ha sido identificado como el país más violento de América Latina, esto debido a que las estadísticas reflejan una tasa de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Y sin duda los niños, niñas y adolescentes han sido los que más han sido los más afectados.
Los datos presentados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y UNICEF Regional revelan un aumento del 500% en homicidios a adolescentes de 15 a 19 años y un impactante incremento del 640% en la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes, de 104 casos en 2019 a 770 en 2023.
En este sentido, las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia consideran fundamental abordar la protección integral de la niñez como una prioridad ineludible. Esto debido a que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado ha aumentado en el país.
Efigenia Witt, representante a la coalición contra el abuso sexual en la niñez del Ecuador, indicó que alrededor de 250 mil niños y niñas ha desertado del sistema educativo, y retornar a las clases virtuales afecta a quienes viven en zonas empobrecidas, pues no cuentan con los recursos tecnológicos y pedagógicos que aseguren la calidad educativa.
Jorge León, miembro de la alianza por los niños, niñas y adolescentes del Ecuador señaló que una de las propuestas que plantean es priorizar la atención en provincias de alta vulnerabilidad, construcción participativa de políticas públicas y aplicación y fortalecimiento de la justicia juvenil especializada que implique la rehabilitación de los más jóvenes y su reinserción en la sociedad.
Vivian Idrovo, coordinadora de la alianza de organizaciones por los derechos humanos del Ecuador indicó que el Estado debe impulsar acciones políticas sociales, institucionales y financieras para proteger a niños, niñas y adolescentes del país que está siendo captados por el crimen organizado.
Las organizaciones a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hacen un llamado urgente al Gobierno y la sociedad civil para a sumarse a la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin discriminación y de esta manera empezar a alejar a la niñez y adolescencia del país del crimen organizado.
